Tijuana, 24 de marzo de 2026.- A 32 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, el presunto autor material, Mario Aburto Martínez, permanece en reclusión mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza un recurso de la Fiscalía General de la República (FGR) que busca mantener su sentencia original de 45 años. La conmemoración del aniversario coincide con la incertidumbre legal sobre el futuro del detenido, quien habría cumplido su pena en 2024 de aplicarse el Código Penal de Baja California.

En 2023, un tribunal federal concedió un amparo a Aburto que anuló su sentencia, argumentando que debió aplicarse la legislación local de Baja California, donde la pena máxima es de 30 años, y no la federal. Bajo este criterio, el tiempo de reclusión del sentenciado superaría la sanción máxima permitida. Sin embargo, la FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, impugnó dicho fallo, llevando el caso ante la máxima corte del país, donde se encuentra pendiente de resolución.

Mientras el proceso judicial continúa, miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) realizaron homenajes en la ciudad donde ocurrió el magnicidio político. Dirigentes y militantes priistas de Baja California, entre ellos Eva Baeza, Bernardo Saldaña Téllez, Miguel Valadez, Édgar Moreno y Luis López Moctezuma, participaron en las actividades para recordar al excandidato presidencial. Bernardo Saldaña Téllez, presidente de la Fundación Colosio, estuvo presente en las ceremonias que marcaron las tres décadas y dos años desde la pérdida del político sonorense.

Por su parte, Jesús González Schmal, abogado defensor de Mario Aburto, ha mantenido la postura de que su cliente fue torturado para obtener una confesión. La defensa ha señalado que, de no confirmarse la liberación de Aburto tras la resolución de la SCJN, se prevé acudir a instancias internacionales para buscar justicia. Hasta el momento, no se ha hecho pública una posición oficial definitiva del PRI o del gobierno federal sobre la posible excarcelación del sentenciado.

La situación legal de Aburto marca este aniversario, donde se cumplen también 32 años de su ingreso al sistema penitenciario. La controversia jurídica centra el debate entre la aplicación de la pena original y los nuevos criterios de legalidad que podrían derivar en su libertad, manteniendo a la opinión pública a la espera del dictamen final de la Suprema Corte.