Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) activó para México el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas Contra Desapariciones Forzadas, con el objetivo de que la Asamblea General adopte medidas para prevenir, investigar, sancionar y erradicar este delito. La decisión se basa en lo que el organismo describe como una “imperante impunidad” y una “impunidad estructural” que provoca la reproducción de las desapariciones en el país.

Juan Pablo Albán, presidente del Comité, explicó que para tomar esta decisión se consideró que las más de 132 mil 400 personas desaparecidas al 19 de febrero de 2026 son “indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional, sin que se vislumbre una tendencia inversa”. Asimismo, se destacó que a inicios de 2026 las cifras oficiales estiman alrededor de 72 mil restos humanos sin identificar, un aumento considerable en comparación con los 52 mil registrados en el momento de la visita del Comité en 2021.

Según datos estatales citados por el CED en abril de 2022, sólo entre el 2 y el 6 por ciento de los casos de desaparición habían sido judicializados y se habían dictado apenas 36 sentencias a nivel nacional. En 2023, el Comité insistió en la deficiencia en la judicialización y persecución penal, así como en un uso limitado de investigaciones de campo y de medios de prueba científicos. Durante su visita en 2021, el organismo recibió testimonios que relataban desapariciones atribuidas a fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal, empresas de seguridad privada y grupos delictivos que actuaron ante la inacción de las autoridades.

El informe señala que los Estados son responsables de las desapariciones realizadas por servidores públicos o por grupos criminales bajo la aquiescencia de la autoridad. Como parte de su visita en 2021, el Comité emitió 84 recomendaciones al gobierno mexicano. El documento tomó casos paradigmáticos en Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco, aunque también se señaló la prevalencia de desapariciones en Nuevo León, Guanajuato, Tabasco, Morelos, Baja California y Estado de México.

En el caso específico de Coahuila, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) halló desapariciones cometidas por actores estatales, o por actores no estatales actuando con apoyo, autorización o aquiescencia del Estado, durante los periodos de mayor inseguridad entre 2009 y 2016. Se identificaron patrones de desapariciones forzadas que detallan la colusión entre autoridades de los tres niveles, incluyendo detenciones ilegales para entregar víctimas a grupos criminales. La FIDH documentó “prácticas sistemáticas” de desapariciones forzadas en esa entidad entre 2006 y 2016, bajo los gobiernos de Humberto Moreira Valdez, Jorge Torres López y Rubén Moreira Valdez.

Se identificó que entre 2009 y 2012 las fuerzas policiales de Coahuila secuestraron a las víctimas y luego las entregaron al cártel de los Zetas, mientras que entre 2012 y 2016, las autoridades estatales llevaron a cabo directamente las desapariciones a través de sus fuerzas especiales como GATE, GATEM, Fuerza Élite y GROM. También se destacó el uso, “en ocasiones”, de recursos públicos para la comisión de las desapariciones, incluyendo vehículos e instalaciones oficiales.

Ante el informe, la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno han declarado que este no tomó en cuenta las observaciones y actualizaciones presentadas desde 2019. Por su parte, el canciller Roberto Velasco declaró que el Comité hacía referencia al estatuto de Roma, redefiniendo el concepto de desaparición forzada. El gobierno federal planteó que las desapariciones se dieron en periodos anteriores asociados a violencia criminal y que ahora existen marcos legales, comisiones de búsqueda y programas de subsidio para mejorar la situación. El 3 de abril de 2026, el gobierno federal dio a conocer una revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, con una nueva clasificación de casos.