Nueva York, 29 de marzo de 2026.- La Corte de Apelaciones de Nueva York revocó la sentencia que ordenaba a la República Argentina pagar más de 16,000 millones de dólares como compensación a accionistas minoritarios por la expropiación del 51% de las acciones de YPF realizada en 2012. El tribunal determinó que la jueza de primera instancia, Loretta Preska, incurrió en un error al interpretar los estatutos de la petrolera como un contrato bilateral bajo la ley argentina, decisión que había sido emitida en 2023.

Con esta resolución, el Estado argentino obtuvo una victoria judicial en el litigio sostenido en tribunales de Estados Unidos, donde demandantes como Petersen Energía y Eton Park, patrocinados por el fondo Burford Capital, alegaron discriminación por no haber recibido la misma oferta de compensación que la empresa española Repsol. La Corte de Apelaciones sostuvo que las demandas por daños por incumplimiento de contrato contra la República no son reconocibles bajo los códigos civiles argentinos, devolviendo el caso a la instancia inferior para procedimientos ulteriores.

El origen del conflicto se remonta a la nacionalización de YPF llevada a cabo durante el gobierno de Cristina Kirchner. Mientras que en 2012 se concretó un acuerdo de compensación con Repsol por 5,000 millones de dólares, los inversores minoritarios iniciaron acciones legales argumentando que los estatutos de la empresa les garantizaban un trato igualitario. La defensa del Estado argentino mantuvo consistentemente que la legislación nacional prevalece sobre los estatutos corporativos en casos de expropiación.

Entre los involucrados en el proceso destacan el presidente Javier Milei, quien figura en la investigación como fuente de declaración presidencial, y Axel Kicillof, exministro de Economía al momento de la expropiación y actual gobernador de Buenos Aires. La investigación registra la participación de ambas figuras en el contexto del fallo, así como la intervención de fondos como Burford Capital, Eton Park y Petersen Energía en la demanda original.

La revocación del fallo elimina temporalmente la obligación de pago de los más de 16,000 millones de dólares establecidos en la sentencia anterior, aunque el caso ha sido remitido nuevamente a la corte de distrito. La decisión judicial representa un punto de inflexión en un litigio que ha extendido sus efectos por más de una década, involucrando intereses económicos significativos y disputas sobre la soberanía legislativa frente a los derechos de los accionistas internacionales.