Morelia, 28 de marzo de 2026.- Un juez de control del fuero común con sede en Morelia giró una orden de aprehensión contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por su presunta responsabilidad en los hechos violentos ocurridos el 5 de abril de 2017 en la comunidad indígena purépecha de Arantepacua, municipio de Nahuatzen.
La Fiscalía General de Justicia de Michoacán, encabezada por Carlos Torres Piña, confirmó que se libraron un total de 16 mandamientos de captura contra exservidores públicos. Además de Aureoles Conejo, en la lista figura Juan Bernardo Corona Martínez, exsecretario de Seguridad Pública del estado, así como 14 agentes de la Policía Estatal de Michoacán.
Los delitos imputados son homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad. Según informes de la investigación fiscal, el operativo policial de 2017 dejó como saldo cuatro personas fallecidas, 10 casos de tortura documentados, 38 tratos crueles e inhumanos y 48 detenciones arbitrarias. También se registraron siete policías heridos durante el enfrentamiento.
De acuerdo con reportes de medios como el Semanario ZETA, los hechos que originaron la causa penal ocurrieron cuando elementos de la Policía Estatal intentaron levantar un bloqueo carretero en Arantepacua y recuperar vehículos retenidos por la comunidad. Las fuentes periodísticas presentan variación en las cifras: mientras algunas mencionan 17 tráilers y tres camionetas, otras hablan de alrededor de cien vehículos de carga involucrados en el conflicto.
Esta constituye la segunda orden de aprehensión en contra de Aureoles Conejo. El exmandatario, quien gobernó Michoacán de 2015 a 2021, ya enfrentaba desde 2023 una orden de aprehensión federal por un presunto desfalco millonario relacionado con la construcción de estaciones de policía, caso en el que se le considera prófugo de la justicia.
Los delitos de homicidio calificado y tortura contemplan prisión preventiva de oficio, lo que impediría al exgobernador enfrentar el proceso penal en libertad de ser detenido. El caso volvió a la agenda pública después de casi nueve años de reclamos por parte de familiares de las víctimas y organizaciones civiles que han exigido justicia por lo ocurrido en la comunidad purépecha.
