Nueva York, 27 de marzo de 2026.- El juez federal Alvin Hellerstein llevó a cabo el jueves 26 de marzo una audiencia relacionada con el proceso judicial contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en la que rechazó desestimar los cargos pero dejó sin resolución la disputa sobre el financiamiento de su defensa legal.

El magistrado de 92 años manifestó dudas sobre la congelación de los fondos venezolanos por parte del Gobierno de Estados Unidos, que impide que los acusados puedan pagar a sus abogados privados. La defensa, representada por Barry Pollack en el caso de Maduro, argumenta que este bloqueo vulnera la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense al interferir con el derecho de la pareja a elegir representación legal de su preferencia.

Maduro y Flores permanecen detenidos en una cárcel federal en Brooklyn desde el 3 de enero, cuando fueron capturados durante un operativo militar estadounidense en Caracas. Ambos se declararon no culpables de los cargos relacionados con narcotráfico durante su primera audiencia el 5 de enero. La acusación incluye conspiración por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armas.

El presidente Donald Trump ha declarado públicamente que la captura de Maduro ha evitado la entrada de más drogas a Estados Unidos y lo califica como un importante traficante. Sin embargo, estas afirmaciones no han sido verificadas o contrastadas con evidencia presentada en el marco del proceso judicial actual.

El juez Hellerstein afirmó que no considera a Maduro una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos puesto que ya se encuentra detenido en el país. Hasta la mañana del jueves, el magistrado seguía sin haber fijado una fecha para el inicio del juicio, el cual expertos pronostican que podría comenzar dentro de uno o dos años.

La audiencia generó expectativa entre la comunidad venezolana en Nueva York. Decenas de personas hicieron fila desde la noche anterior frente a la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York para intentar asegurar un lugar en la sala, aunque el acceso es limitado debido a las restricciones de espacio.

El proceso enfrenta complejidad jurídica por el estatus de Maduro como expresidente sacado por la fuerza de su país, lo que plantea cuestionamientos sobre la legalidad internacional del caso. Los abogados de la defensa presentaron una nueva moción insistiendo en que se desestimen los cargos de narcoterrorismo y cuestionan directamente los argumentos del Departamento de Justicia.