Monterrey, 27 de marzo de 2026.- La Fiscalía de Justicia de Nuevo León desmanteló una red de extorsión digital conocida como ‘La Tía Paty’, tras la detención de dos individuos identificados preliminarmente como Astrid ‘N’ y César ‘N’. Los imputados operaban en la zona metropolitana de Monterrey, incluyendo San Pedro Garza García, donde cobraban cantidades de hasta 500 mil pesos a cambio de eliminar contenido difamatorio publicado en redes sociales.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, el modus operandi consistía en publicar datos sensibles o acusaciones falsas sobre emprendedores, dueños de negocios y ciudadanos en general. Posteriormente, los detenidos contactaban a las víctimas para exigir un pago, que podía llegar a medio millón de pesos, para retirar la publicación. También se ofrecía una suscripción inicial de 300 pesos dentro de la comunidad que administraban.

Astrid ‘N’ y César ‘N’ enfrentan cargos por suplantación de profesión e identidad, delitos vinculados a la operación de este portal de chismes que originalmente se enfocaba en figuras públicas antes de expandir sus ataques a la población civil. Las fuentes consultadas indican que la plataforma migró su operación hacia aplicaciones de mensajería privada como Telegram para dificultar su rastreo, aunque existen discrepancias sobre si iniciaron exclusivamente en Instagram o si operaban simultáneamente en múltiples comunidades digitales.

La evolución del grupo delictivo marcó un punto de inflexión cuando dejaron de limitarse al escándalo de celebridades para incluir en su mira a comercios locales y personas comunes, utilizando la amenaza de daño reputacional como herramienta principal de coacción. La intervención de la Fiscalía estatal puso fin a las actividades de esta célula en la región norte del país.

Con estas detenciones, las autoridades buscan frenar el crecimiento de la ciberdelincuencia orientada a la extorsión en Nuevo León. El caso permanece bajo resguardo de la Fiscalía del Estado mientras se integra la carpeta de investigación correspondiente y se determina la posible vinculación de otros colaboradores en la red de distribución de contenido ilícito.