Lázaro Cárdenas, 26 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que solicitará que Osmar “N”, alumno de 15 años, sea juzgado por los delitos de feminicidio, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y posesión de cartuchos, tras el asesinato de dos docentes en la Preparatoria Antón Makarenko ocurrido el pasado 24 de marzo. El fiscal estatal, Carlos Torres Piña, confirmó que el caso se procesará bajo el sistema de justicia para adolescentes, donde la pena máxima de internamiento es de tres años.

Los hechos se registraron alrededor de las 09:00 horas del martes en el municipio costero de Lázaro Cárdenas, cuando el estudiante ingresó al plantel armado con un rifle AR-15 y ultimó a Tatiana Madrigal Bedolla, de 37 años, y a María del Rosario Sagrero Chávez, de 36 años. Durante una conferencia de prensa, Torres Piña detalló que el arma utilizada no cuenta con registro y presumiblemente ingresó de manera ilegal al país, aunque el menor ha declarado que pertenece a su padre, quien sería miembro de la Secretaría de Marina, dato que las autoridades están corroborando.

La magnitud del crimen ha detonado un debate nacional sobre la edad de imputabilidad en México. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de la República, calificó el suceso como “muy doloroso” y señaló que “todo parece indicar que ya lo había preparado y ellas eran las personas que estaba buscando”. Respecto a la legislación vigente, la mandataria afirmó que el tema de juzgar a menores como adultos “es algo que se tiene que discutir en nuestro país, que es algo que necesitamos hablar de ello y abrirlo y debatirlo”.

Mientras la autoridad judicial determina el procedimiento legal, los familiares de las víctimas han exigido públicamente que el adolescente sea juzgado bajo la ley para adultos. Christian “N”, hermano de Tatiana Madrigal, y Francisco Delgado Madrigal, esposo de María del Rosario Sagrero, sostienen que el ataque fue un hecho planeado y no un acto impulsivo, por lo que consideran insuficiente la sanción prevista en la Ley de Justicia para Adolescentes. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió un comunicado expresando condolencias y reiterando su compromiso de construir entornos escolares seguros.

El fiscal Carlos Torres Piña reconoció que, bajo el marco legal actual para menores de esa edad, la prioridad del sistema es la rehabilitación sobre el castigo, lo que limita la pena privativa de libertad a un máximo de tres años de internamiento en centros especializados. En contraste, si el acusado fuera mayor de edad, el delito de feminicidio podría conllevar una sentencia de hasta 50 años de prisión. La audiencia inicial para definir la situación jurídica del implicado está programada para este jueves 26 de marzo.

Ante la controversia generada, la Presidenta Sheinbaum anunció la implementación de un programa nacional de salud mental dirigido a adolescentes, el cual incluirá capacitación para docentes y la contratación de personal especializado, iniciando acciones en los niveles de secundaria y educación media superior. Las investigaciones continúan para esclarecer el origen exacto del armamento y revisar el teléfono celular del agresor, dispositivos clave para determinar las motivaciones precisas detrás de este homicidio múltiple.