Washington, 24 de marzo de 2026.- La administración del presidente Donald Trump ordenó el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 14 aeropuertos principales de Estados Unidos, como respuesta urgente a la parálisis operativa de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) derivada de un cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que lleva cinco semanas. La decisión, coordinada por Tom Homan, zar de la frontera de la Casa Blanca, tiene como objetivo mitigar los tiempos de espera que han llegado a casi tres horas en terminales como la de Atlanta, aunque existe controversia sobre la eficacia real de la medida dado que los agentes migratorios no tienen capacitación para funciones críticas de seguridad.

La crisis de personal en la TSA se ha agravado desde el 14 de febrero, fecha en que miles de empleados comenzaron a trabajar sin sueldo completo debido al rechazo del Senado, por quinta vez desde febrero, a aprobar el financiamiento del departamento. Como consecuencia, la tasa nacional de ausencias en la TSA alcanzó el 11.76% el 22 de marzo, registrándose más de 400 renuncias. Este vacío operativo ha generado cuellos de botella significativos: reportes indican esperas de casi tres horas en el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta, dos horas en el George Bush de Houston y más de una hora en el JFK de Nueva York.

Ante este escenario, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) justificó el movimiento de fuerzas como una ayuda necesaria para aliviar la carga de trabajo del personal de seguridad aeroportuaria. Sin embargo, la naturaleza de la intervención tiene limitaciones técnicas: los agentes del ICE desplegados no cuentan con la capacitación para operar máquinas de rayos X, realizar cacheos físicos o llevar a cabo revisiones de equipaje, tareas reservadas exclusivamente para oficiales de la TSA. Su labor se ha circunscrito a funciones auxiliares como el manejo de filas y la vigilancia general, lo que diversos reportes califican como una solución incompleta que no aborda el problema de fondo en su primer día de operaciones.

La medida ha generado reacciones mixtas en el espectro político. Mientras la administración busca presentar el despliegue como una solución pragmática, figuras de la oposición y algunos legisladores republicanos han expresado reservas. Mikie Sherrill, gobernadora de Nueva Jersey, y Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, calificaron la acción de inaceptable y generadora de riesgos, argumentando que es ajena a la misión principal del ICE. Por su parte, la senadora republicana Lisa Murkowski también manifestó críticas respecto a la estrategia implementada.

En el ámbito local, Andre Dickens, alcalde de Atlanta, ciudad donde se registran los mayores retrasos, ha tenido que enfrentar las quejas de los viajeros ante la saturación en su principal terminal aérea. La tensión entre el anuncio gubernamental de una solución inmediata y los reportes de ineficacia en la reducción de tiempos de espera subraya la complejidad de sustituir personal especializado con fuerzas de otras agencias federales en medio de una parálisis presupuestaria prolongada.

El contexto de esta movilización de fuerzas federales ocurre mientras persiste la incertidumbre sobre el plazo estimado para resolver la parálisis presupuestaria que originó la crisis. Hasta el momento, no se han divulgado protocolos específicos de supervisión para los agentes del ICE en estas nuevas funciones temporales, ni cifras exactas sobre el número total de efectivos desplegados en cada uno de los 14 aeropuertos afectados, dejando en duda la capacidad de la medida para normalizar el flujo de pasajeros mientras se mantiene el cierre legislativo del DHS.