Por Redacción

Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- Diversos gobiernos de América Latina enfrentan acusaciones formales por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, marcando un patrón de represión estatal que abarca desde la desmantelación de políticas de memoria en Argentina hasta la desaparición forzada de opositores en Venezuela y Nicaragua, así como la deportación de migrantes sin evidencia de culpabilidad en El Salvador.

En Argentina, la administración de Javier Milei ha sido señalada por un endurecimiento en las políticas migratorias inspirado en el modelo de Donald Trump, resultando en la no admisión o expulsión de 5,000 personas en los últimos dos meses. Datos oficiales indican que en 2024 se deportaron 620 individuos, un incremento del 40% respecto al año anterior. Paralelamente, activistas y organizaciones denuncian el desmantelamiento de las políticas de memoria relacionadas con las 30,000 personas desaparecidas durante la dictadura militar, mientras mujeres en Mendoza lideran protestas socioambientales contra proyectos mineros.

La situación en Venezuela y Nicaragua presenta casos de desaparición forzada y confiscación de bienes dirigidos contra opositores políticos. En Venezuela, figuras como Lilian Tintori, Leopoldo López y Enrique Márquez han sido objeto de estas medidas por parte del gobierno de Nicolás Maduro, quien también enfrenta denuncias por la desaparición del dirigente chavista Carlos Brenes. De manera similar, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua es acusado de mantener una línea represiva contra la disidencia, afectando a activistas como Amaru Ruiz y Thelma Brenes.

En El Salvador, la controversia se centra en la desaparición de 11 salvadoreños deportados desde Estados Unidos, entre ellos César Humberto López Larios, conocido como ‘El Greñas’. Aunque el gobierno estadounidense y las autoridades salvadoreñas acusan a los deportados de pertenecer a la pandilla MS-13, organizaciones como Human Rights Watch y familiares de las víctimas niegan estas acusaciones para la mayoría de los casos, señalando la falta de evidencia pública que vincule a los desaparecidos con actividades criminales. Se estima que más de 9,000 salvadoreños fueron deportados desde EE.UU. en 2025, de los cuales solo el 10% tenía antecedentes penales.

Juanita Goebertus, de Human Rights Watch, ha emitido comunicados destacando la gravedad de estas acciones y la necesidad de investigar las desapariciones forzadas. La ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, ha realizado anuncios relacionados con la nueva postura migratoria del país. Economistas como Mercedes D’Alessandro y vecinas afectadas en Mendoza han elevado su voz frente a las decisiones gubernamentales que impactan sus derechos y medios de vida.

Este escenario regional refleja una tensión creciente entre la seguridad estatal y las garantías individuales, donde la falta de transparencia en los procesos de deportación y la opacidad sobre el paradero de detenidos generan alarmas internacionales. Las denuncias presentadas por víctimas directas y organismos de defensa buscan poner bajo escrutinio las prácticas de los ejecutivos de Argentina, Venezuela, Nicaragua y El Salvador en un contexto de crisis política y social.