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Autoridades reportan 28 detenidos en operativo en Dinamita; MC exige garantías y diálogo

Por Redacción

Dinamita, 21 de marzo de 2026.- Un operativo de seguridad realizado en el poblado de Dinamita, dentro del municipio de Gómez Palacio, derivó en la detención de 28 personas, según informó el secretario del Ayuntamiento, Aldo Damián Macías Franco. La acción fue encabezada por la Fiscalía General del Estado de Durango y contó con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y corporaciones de los tres órdenes de gobierno bajo un esquema interinstitucional.

Macías Franco declaró que el procedimiento se llevó a cabo en estricto apego a la ley, defendiendo la legalidad de la intervención realizada en la comunidad. Sin embargo, la cifra oficial de detenidos contrasta con denuncias de sectores civiles; el obispo Raúl Vera ha señalado que alrededor de 40 personas fueron privadas de su libertad, lo que marca una discrepancia en los reportes sobre la magnitud del evento.

Ante los hechos, Carlos Eduardo Vargas Contreras, regidor y coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, emitió un pronunciamiento en el que exhortó a los tres niveles de gobierno a garantizar la integridad física y la seguridad de las personas detenidas. El legislador local solicitó la instalación de mesas de diálogo como mecanismo para abordar la situación, rechazando la caracterización de represión que han dado grupos como el Frente Unido de Pueblos de La Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio.

La investigación mantiene como datos faltantes la hora específica del operativo, los delitos precisos que motivaron las detenciones y la identidad completa de los detenidos, así como su condición actual. Asimismo, no se ha informado sobre el nombre del representante fiscal que lideró la acción ni sobre resultados concretos tras las solicitudes de diálogo presentadas por la oposición local.

La divergencia en la narrativa del evento persiste: mientras las autoridades municipales insisten en el cumplimiento del marco jurídico para restablecer el orden, organizaciones sociales continúan cuestionando la naturaleza de la intervención en el territorio lagunero.