Por Redacción

Ciudad de Mexico, 19 de marzo de 2026.- Tres trabajadores fallecieron y uno resultó con vida tras el derrumbe de un inmueble en proceso de demolición en la calle San Antonio Abad 124, en la alcaldía Cuauhtémoc, el pasado 9 de marzo. El sobreviviente, Ángel Miranda, y familiares de las víctimas iniciaron acciones legales contra la empresa responsable de los trabajos, mientras se desató un conflicto de atribuciones entre la alcaldía y el Gobierno de la Ciudad de México sobre quién debía supervisar la obra.

El despacho de abogados Vega Mac Gregor Arellano, representante de los afectados, confirmó que interpuso una demanda por los hechos, aunque no especificó el nombre de la empresa demandada ni la identidad de los tres trabajadores fallecidos. El caso evidenció un vacío de supervisión, ya que existen discrepancias sobre la aplicación del ‘Acuerdo de Facilidades’, que según versiones limitaría la capacidad de la alcaldía para verificar este tipo de obras.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, señaló que su administración ha cumplido con solicitar verificaciones al Gobierno capitalino, pero que existen 456 solicitudes de inspección pendientes de respuesta desde octubre de 2025. Por su parte, el Gobierno central ha señalado que la responsabilidad de verificar las demoliciones recae en la alcaldía, generando un cruce de acusaciones por la falta de acción que pudo derivar en la tragedia.

Luisa Gutiérrez, representante del PAN en la capital, salió en defensa de la gestión de Rojo de la Vega, argumentando que la alcaldía ha hecho las solicitudes pertinentes y que la falta de respuesta del Gobierno central pone en riesgo otros 17 inmuebles que están en proceso de demolición. Hasta el momento, se desconoce el estado de salud actual de Ángel Miranda y los detalles específicos de las presuntas irregularidades en la póliza de responsabilidad civil de la empresa involucrada.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) mantiene una investigación abierta para determinar las causas exactas del derrumbe y establecer posibles responsabilidades penales. El caso ha puesto sobre la mesa la urgente necesidad de clarificar los protocolos de supervisión y coordinación entre los distintos niveles de gobierno para prevenir futuras tragedias en obras de demolición en la capital.