La ministra Lenia Batres logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la inscriba al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), abandonando los beneficios de los seguros médicos privados que suelen acompañar a los altos funcionarios públicos.

La aprobación, que se dio en sesión privada del pleno del Máximo Tribunal del país, con 10 votos a favor y uno en contra, forma parte de la conducta ética que había anunciado como parte de servicio público que presta al Poder Judicial.

Desde su ingreso a la SCJN, Batres Guadarrama había manifestado su intención de alinearse con los principios de austeridad republicana promovidos por la actual administración federal.

Como se recordará, en un oficio dirigido a la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, Batres solicitó no sólo su inscripción al ISSSTE, sino también la reducción de su salario para que no exceda el del presidente de la República, conforme al artículo 127 de la Constitución.

También renunció a otras prestaciones, como el seguro de separación individualizada y las cajas de ahorro, beneficios que tradicionalmente forman parte de la remuneración de los ministros de la SCJN.

“En congruencia con lo que he expresado en múltiples ocasiones, solicité formalmente a la @SCJN que mi remuneración como ministra no exceda lo que determina la Constitución, y que se me inscriba al ISSSTE, no a alguno de sus seguros privados”, publicó la ministra Batres en su cuenta de X el pasado 6 de enero.

La respuesta inicial de la SCJN fue negativa, argumentando que no era jurídicamente viable inscribir a los ministros bajo el régimen del ISSSTE como si fueran trabajadores del Poder Judicial de la Federación; además, porque los ministros estaban registrados como “patrones”.

Luego, en un segundo oficio, Batres argumentó que la negativa no sólo carecía de sustento jurídico, sino que también violaba sus derechos fundamentales a la seguridad social y al acceso a vivienda:

“Reitero la solicitud de ser inscrita al ISSSTE, dado que estos cinco meses de ejercicio he tenido que solventar la cuota patronal que corresponde cubrir a la SCJN. Además, por medio del régimen voluntario, no genero aportación al Fondo de la Vivienda del ISSSTE, lo que deriva en la pérdida del derecho a la vivienda que me asiste como servidora pública”, expuso en su solicitud.

Finalmente, la tarde de este lunes se dio a conocer la aprobación de su solicitud.

Nota de Abel López Jiménez.