Mexicali, 25 de marzo de 2026.- Un juez de control vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por su presunta responsabilidad en el contrato firmado con la empresa Next Energy. La decisión judicial se tomó tras una audiencia que inició a las 09:23 horas y se extendió entre el 23 y 24 de marzo de 2026 en la ciudad de Mexicali, donde la defensa del exfuncionario presentó argumentos para contrarrestar la acusación de abuso de autoridad.

El caso se centra en un acuerdo por 4,500 millones de pesos con vigencia de 30 años, destinado originalmente a la construcción de una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali para abastecer de energía al acueducto Río Colorado-Tijuana. Según los datos expuestos en el proceso, el contrato contemplaba un pago mensual de alrededor de 123 millones de pesos, existiendo registros de un pago inicial por dicha cantidad efectuado entre el 20 de enero y el 11 de febrero de 2022.

Durante la audiencia, los defensores de Bonilla, Humberto Velazco e Hiram Sánchez, argumentaron que los pagos se realizaron después de que el exgobernador dejó la administración en octubre de 2021. Asimismo, la defensa sostuvo que el delito de uso ilícito de facultades no era aplicable, ya que el proyecto se trataba de un contrato plurianual para la adquisición de un servicio y no de una adquisición de crédito fiscal, buscando con ello desvirtuar la imputación de corrupción durante su mandato.

La investigación, llevada a cabo por la Fiscalía General del Estado bajo la supervisión del juez de control Gerardo Anguiano Ceja, tiene un plazo de seis meses para profundizar en los hechos. El proceso judicial ocurre en un contexto de tensión política entre Bonilla, actual dirigente del Partido del Trabajo (PT), y la gobernadora Marina del Pilar Ávila, de Morena, marcando un precedente al ser el primer exgobernador de su filión política acusado abiertamente de corrupción en la entidad.

Se destaca que la planta de energía nunca llegó a construirse, lo que motiva las acciones legales contra el exmandatario. Mientras la defensa busca demostrar la legalidad del contrato y el timing de los pagos, la autoridad judicial evaluará en los próximos meses si existen elementos suficientes para formalizar la acusación y determinar la situación jurídica definitiva de Jaime Bonilla Valdez.