Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- El juez Gerardo Anguiano Ceja vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por delitos relacionados con el proyecto Next Energy, tras concluir una audiencia que se extendió por casi 24 horas y que había iniciado el 23 de marzo. La decisión judicial establece una garantía económica de alrededor de 100 mil pesos y abre un plazo de seis meses para la investigación complementaria presentada por la Fiscalía General del Estado de Baja California.

Las acusaciones se centran en un contrato para la construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali que nunca se materializó, lo cual habría generado un daño al erario estatal. Según los datos duros del caso, el proyecto comprometía pagos mensuales de 123 millones de pesos durante un periodo de 30 años. La autoridad fiscal señala irregularidades en los permisos otorgados y en los compromisos financieros adquiridos durante la gestión de Bonilla, quien gobernó la entidad de 2019 a 2021.

En su defensa, Jaime Bonilla Valdez argumentó que los pagos vinculados al proyecto de 123 millones de pesos se efectuaron entre enero y febrero de 2022, periodo en el que él ya no se encontraba en funciones como gobernador. Asimismo, el exmandatario sostuvo que su administración únicamente tenía la obligación de pagar por un servicio y no de construir la planta, contradiciendo la tesis de la Fiscalía sobre la responsabilidad directa en la obra fallida.

La resolución del juez Gerardo Anguiano Ceja da curso legal a la causa penal, superando las argumentaciones de la defensa respecto a la temporalidad de los hechos. Aunque la investigación proporcionada no detalla las pruebas específicas presentadas por el ministerio público ni el nombre exacto del tribunal, el fallo implica que existen elementos suficientes para proceder penalmente contra el ahora dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT).

Este caso jurídico se suma al contexto político de Baja California, donde la actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, enfrenta las repercusiones de contratos heredados. La investigación no incluye una respuesta oficial de la gobernadora ante las declaraciones de Bonilla, ni detalles sobre la situación de otros colaboradores que podrían estar involucrados en el esquema del proyecto Next Energy.

Con la vinculación a proceso, el exgobernador queda sujeto a las etapas siguientes del procedimiento penal, mientras la Fiscalía dispone de medio año para fortalecer su caso. La controversia sobre la planta fotovoltaica en Mexicali permanece como un punto de tensión entre la administración actual y la anterior, marcada por las discrepancias en la interpretación de los compromisos financieros y la ejecución de obras públicas.