Ciudad de México, viernes 19 de septiembre de 2025.

El presidente Donald Trump anunció esta tarde un nuevo ataque letal contra una embarcación sospechosa de traficar drogas en el área de responsabilidad del Comando Sur de EE. UU. (SOUTHCOM), en el Caribe. Según el propio mandatario, el operativo dejó tres hombres muertos a bordo del bote y forma parte de una serie de acciones que su gobierno ha ordenado este mes para “frenar el flujo de narcóticos” hacia Estados Unidos. La comunicación se realizó a través de un mensaje en redes y fue confirmada por agencias y medios internacionales.

Imagen de referencia: Donald Trump en discurso oficial. Crédito: Andrew Harnik / Getty Images (vía PBS NewsHour).

Trump no precisó la ubicación exacta ni la bandera de la embarcación atacada, pero enmarcó la operación en la misma zona del Caribe donde se han reportado, a lo largo de septiembre, dos golpes previos contra botes presuntamente vinculados al tráfico de drogas. En el primero, el 2 de septiembre, el propio presidente informó que 11 tripulantes murieron; en el segundo, a inicios de esta semana, habló de tres fallecidos. La tercera acción —la de hoy— repetirá ese saldo de tres muertos, de acuerdo con su mensaje. En todos los casos, la Casa Blanca ha difundido muy pocos detalles operativos y no ha mostrado evidencias concluyentes sobre la carga o la identidad de los grupos que operaban los botes más allá de afirmaciones de que se trataba de “narcoterroristas”.

El anuncio ocurre mientras Estados Unidos despliega activos adicionales en el Caribe: cazas F-35 fueron enviados recientemente a Puerto Rico (cinco ya en la isla, con un total de diez ordenados para reforzar la zona), y en la región operan siete buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear, según reportes que describen un incremento inusual de actividad militar bajo el paraguas de SOUTHCOM. La administración tampoco ha aclarado qué plataformas ejecutan los ataques —aviones, helicópteros o drones— ni bajo qué reglas de enfrentamiento, más allá de referirse a “golpes cinéticos letales” contra naves “que se dirigían a hacer daño a estadounidenses”.

El gobierno de Venezuela ha disputado versiones de Washington sobre vínculos de las embarcaciones con el Tren de Aragua y ha acusado a EE. UU. de instrumentalizar los operativos con fines políticos; autoridades venezolanas negaron que los fallecidos de los incidentes previos pertenecieran a esa organización y exigieron explicaciones sobre la jurisdicción y la legalidad de los ataques en alta mar. La tensión bilateral subió de tono después de que Washington duplicó la recompensa ofrecida por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro, algo que Caracas califica de hostil y sin sustento.

Organizaciones civiles y legisladores —incluyendo voces de la oposición y de algunos republicanos— cuestionan el marco legal que permitiría a la Casa Blanca ordenar ataques militares contra presuntos traficantes en un ámbito tradicionalmente asignado a tareas de interdicción y justicia (guardacostas, policía, cooperación judicial). Consideran, además, que la opacidad informativa —sin coordenadas, sin decomisos exhibidos, sin identidades verificadas— mina la rendición de cuentas y podría abrir precedentes en el uso de la fuerza fuera de combate convencional.

Aun con las reservas sobre la información disponible, fuentes militares han explicado que la doctrina de interdicción marítima contempla seguimiento de inteligencia (señales, vigilancia aérea y satelital, y cooperación regional) para detectar rutas y patrones del narcotráfico. En los tres anuncios de septiembre, la versión oficial afirma que las naves transportaban narcóticos y que existían indicios de enlace con organizaciones criminales consideradas terroristas por Washington; hasta ahora, la administración no ha presentado pruebas públicas —carga recuperada, audio íntegro de interceptaciones, identidad forense de los fallecidos— que permitan una verificación independiente.

En comunidades pesqueras del oriente venezolano, líderes locales han reportado disrupciones por la presencia de aeronaves y patrullas en las últimas semanas, un efecto colateral de la militarización del corredor marítimo. Pobladores describen “mar en silencio” por temor a quedar en medio de intercepciones o confusiones con lanchas rápidas que operan en esa franja del Caribe.

Para hoy viernes, el mensaje de Trump coloca el foco nuevamente en el uso de poder militar en aguas internacionales —o cercanas a zonas económicas exclusivas de países vecinos— con impacto político regional. En su declaración, el presidente enmarcó el ataque de esta tarde como parte de una “guerra” contra redes de droga que, asegura, “ya no encuentran barcos en el océano” porque están siendo neutralizados. La cifra de tres muertos que adjudicó a esta última operación coincide con el patrón de letalidad del golpe previo de la semana. En tanto, el Pentágono y SOUTHCOM han mantenido la comunicación a cuentagotas, sin parte técnico detallado sobre medios, ubicación, reglas de enfrentamiento ni recuperación de evidencia.

De confirmarse el teatro operativo y la cadena de mando de este tercer ataque en septiembre, el expediente que se abre para América Latina no es menor: ¿bajo qué autorizaciones se están ejecutando acciones letales contra objetivos no estatales en el mar?; ¿qué papel juegan acuerdos de cooperación con países ribereños?; ¿cómo se compaginará la interdicción con el derecho internacional y los derechos humanos cuando la prueba de narcóticos o de pertenencia a cárteles no es pública? La discusión ya llegó al Capitolio y a tribunales mediáticos; el Ejecutivo, entretanto, insiste en que la disuasión funciona y que nuevas operaciones podrían ocurrir en cualquier momento