Por Redacción

Washington – 28 de noviembre de 2025. El presidente Donald Trump reconoció que su gobierno está considerando deportar a la familia de Rahmanullah Lakanwal, el afgano acusado de asesinar a la soldado de la Guardia Nacional Sarah Beckstrom y de herir gravemente a otro militar en un ataque a pocos pasos de la Casa Blanca, al ser cuestionado por reporteros sobre el futuro migratorio de la esposa e hijos del sospechoso. “Lo estamos viendo ahora mismo. Estamos viendo toda la situación de la familia. Es una situación trágica”, dijo el mandatario, según recogieron medios estadounidenses.

Lakanwal, de 29 años, es un nacional afgano que llegó a Estados Unidos en 2021 bajo el programa Operation Allies Welcome, implementado tras la retirada estadounidense de Afganistán, y se había establecido en Bellingham, Washington, donde vivía con su esposa y al menos cinco hijos, de acuerdo con las versiones oficiales. Las autoridades lo acusan de haber conducido hasta Washington D. C. y de abrir fuego el miércoles contra dos integrantes de la Guardia Nacional de Virginia Occidental desplegados cerca de la Casa Blanca, matando a la soldado Sarah Beckstrom, de 20 años, y dejando en estado crítico al sargento Andrew Wolfe, de 24.

Tras el ataque, un tercer guardia nacional respondió a los disparos y hirió al sospechoso, que permanece hospitalizado bajo custodia. Lakanwal enfrenta ya varios cargos, entre ellos asesinato en primer grado y asalto con intención de matar, y la fiscalía federal ha adelantado que buscará la pena de muerte, según confirmaron la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, y la procuradora general Pam Bondi.

El caso se ha convertido en un campo de batalla político. Trump ha culpado públicamente a los procesos de veto y reasentamiento de afganos iniciados durante el gobierno de Joe Biden, pese a que la concesión de asilo de Lakanwal fue aprobada este año por su propia administración, según revelaron reportes citando documentos del Departamento de Seguridad Nacional. El gobierno respondió anunciando una “revisión rigurosa” de todas las tarjetas de residencia de ciudadanos de 19 “países de preocupación” y la suspensión indefinida del trámite de casos migratorios de afganos.

Dentro de ese giro más duro, la Casa Blanca ha colocado sobre la mesa la posible deportación de la familia del sospechoso, aunque no ha detallado qué figura legal utilizaría ni si la esposa o los hijos están implicados en algún delito. Hasta ahora, no hay indicios públicos de que familiares de Lakanwal hayan participado en el ataque; el FBI sostiene que el agresor actuó solo. Colectivos de derechos humanos y expertos en migración advierten que una eventual expulsión basada únicamente en el parentesco podría ser vista como una forma de castigo colectivo, en un contexto en el que el propio Trump ha sugerido ampliar las facultades de deportación incluso contra personas con estatus legal.

El ataque y la respuesta del gobierno ocurren mientras Trump impulsa un plan para “pausar permanentemente” la migración desde lo que denomina “países del Tercer Mundo”, reforzar deportaciones y revisar de forma masiva asilos y residencias, medidas que ya han provocado críticas de organismos internacionales y organizaciones de defensa de refugiados. Para la familia de Beckstrom, para Wolfe —que sigue hospitalizado— y para la familia de Lakanwal, la decisión sobre una posible deportación añadirá una nueva capa de tensión a un caso que ya se ha convertido en símbolo de la política de mano dura migratoria en el segundo mandato de Trump.