Por Redacción

La República, 18 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este martes en el Senado su iniciativa de reforma electoral, denominada ‘Plan B’, que propone modificar la Constitución para que la consulta de revocación de mandato presidencial coincida con elecciones federales y reducir el número de regidores en los cabildos municipales. La propuesta, enviada al Senado el lunes, ha generado críticas de la oposición que la califican como una herramienta de ventaja electoral para Morena, mientras el gobierno federal la enmarca en un ahorro de recursos y fortalecimiento democrático.

La senadora de Morena, Laura Itzel Castillo Juárez, señaló que la iniciativa busca “reducir costos electorales y privilegios”. Uno de los cambios centrales es que la consulta de revocación de mandato, incorporada a la Constitución en 2019 y ejercida por primera vez en 2022 con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ya no se realizaría de manera aislada, sino que coincidiría con las elecciones federales ordinarias, lo que permitiría al presidente en funciones hacer campaña a favor de su continuidad.

En la consulta de 2022 participaron 16.5 millones de personas, el 17.7% del padrón electoral de 97 millones. De esos votos, 15.159 millones (91.8%) se pronunciaron a favor de que López Obrador concluyera su mandato, mientras que 1.063 millones (6.4%) votaron por la revocación. La propuesta de Sheinbaum, quien obtuvo 35.9 millones de votos (59.75%) en las elecciones de 2024, busca modificar el artículo constitucional que actualmente prohíbe el proselitismo presidencial durante el proceso de revocación.

En el ámbito municipal, la iniciativa propone establecer un número de regidores que oscile entre 7 y 15 por ayuntamiento, con el argumento de generar ahorros. Sin embargo, el analista Elías Lixa criticó que, en estados como Yucatán, específicamente en Mérida, se reducirían 2 regidores, pero aumentarían en 221 en el interior del estado, lo que contradice el discurso oficial de ahorro. Además, la propuesta original omitió la palabra ‘paritario’ respecto a la integración de los cabildos, generando interpretaciones de que se pretendía acabar con la paridad de género, lo que fue corregido por la Presidencia señalando que fue una omisión sin intención de prescindir de la disposición.

La iniciativa también plantea un límite de gasto para los congresos estatales del 0.7% del presupuesto de la entidad. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, defendió la propuesta como parte de un esfuerzo por “fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y hacer un uso más eficiente de los recursos públicos”. La coalición gobernante cuenta con el apoyo prometido del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT) para su aprobación en el Congreso.

El contexto político de esta ‘Plan B’ es el rechazo previo de una reforma electoral más profunda, conocida como ‘Plan A’. Mientras los partidarios del gobierno insisten en que la iniciativa democratiza y abarata los procesos, la oposición y diversos analistas mantienen su postura crítica, argumentando que el verdadero propósito es institucionalizar una ventaja electoral para Morena y para la propia presidenta Sheinbaum de cara a futuros procesos electorales.