Por Redacción

México., 16 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este domingo que enviará al Congreso de la Unión una nueva iniciativa de reforma electoral, conocida como el ‘Plan B’, que propone recortar el presupuesto de los congresos locales y reducir el número de regidores para desviar esos recursos a obras públicas en municipios y estados. La propuesta, que estima un ahorro aproximado de 4 mil millones de pesos, será remitida este lunes 17 de marzo y representa un acuerdo con los aliados de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes la semana pasada rechazaron una iniciativa más ambiciosa.

El anuncio se realizó desde Palacio Nacional, donde la mandataria señaló que el objetivo central es “reorientar presupuesto de congresos locales, el Senado y reducir regidores, para que esos recursos se queden en municipios y estados para obra pública”. Sheinbaum insistió en que los fondos ahorrados serán etiquetados específicamente para este fin, aunque no detalló el mecanismo legal para garantizarlo.

Esta nueva propuesta surge tras el fracaso del llamado ‘Plan A’, una reforma electoral más integral que fue rechazada en la Cámara de Diputados el pasado 11 de marzo. Según análisis editoriales, el PT y el PVEM habrían votado en contra por temor a la consolidación de un partido hegemónico y a poner en riesgo su propio registro. El ‘Plan A’ incluía, entre otros puntos, reducir la Cámara de Diputados de 500 a 400 integrantes, algo que quedó fuera de la nueva iniciativa.

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, y el presidente de la Comisión Presidencial para la…, Pablo Gómez Álvarez, estuvieron involucrados en el anuncio. Sheinbaum también mencionó que seguirá insistiendo en reducir los privilegios y el financiamiento a los partidos políticos, un objetivo que, según admitió, no se logró incluir en este ‘Plan B’. Algunas voces críticas, como un artículo de opinión en Quadratín, han caracterizado la reforma como una carga de austeridad para estados y municipios que vulnera el federalismo, al tiempo que ‘salva’ a instituciones federales como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Para ejemplificar el gasto que se busca recortar, reportes periodísticos citan cifras específicas del costo por legislador: en Baja California asciende a 34 millones 867 mil 503.28 pesos, mientras que en Colima es de 5 millones 170 mil pesos. Sin embargo, la iniciativa aún no ha sido publicada en su texto completo, por lo que se desconoce el número exacto de regidores y legisladores locales que se propone eliminar, así como a qué cámara del Congreso federal llegará primero.

El proceso de aprobación de la reforma, que requiere mayorías calificadas y posiblemente el aval de los congresos locales, se perfila como el próximo campo de batalla política. La oposición aún no ha emitido una postura oficial detallada frente a esta propuesta más acotada, que deja de lado, al menos por ahora, los cambios más controversiales al sistema electoral federal que habían generado un amplio debate nacional.