Ciudad de Mexico, 15 de abril de 2026.- El Pleno del Senado aprobó por unanimidad, con 109 votos a favor, una reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes generales en materia de feminicidio. La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, avanzó ahora a la Cámara de Diputados para su siguiente etapa legislativa.

El proyecto de decreto, presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, modifica el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución. Su objetivo es establecer como mínimo los tipos penales y sus sanciones para este delito, buscando evitar la impunidad derivada de la dispersión normativa y los criterios heterogéneos existentes en el Estado federal.

De acuerdo con lo expuesto en el recinto, la futura ley secundaria buscará armonizar las agravantes del delito, los tipos penales y garantizar una actuación homogénea de los ministerios públicos. La senadora Beatriz Mojica Morga (Morena) señaló que la nueva legislación busca “poner orden, homologar el delito, las agravantes, las penas y obligar a las fiscalías a actuar de forma homogénea para frenar la impunidad”.

Por su parte, la senadora Sasil de León Villard destacó que la reforma constituye el marco para crear una Ley General que atienda el feminicidio, homologando penas y protocolos de investigación. “Que tengamos la misma penalidad en Chiapas, que en Sonora o Michoacán. Que esta reforma constitucional sea el inicio de una batalla frontal contra los feminicidas y la impunidad que el actual marco les permite”, afirmó la legisladora.

Durante la discusión, el senador Óscar Cantón Zetina enfatizó la urgencia de la medida: “Este Pleno no puede ser indiferente, hoy no hablamos sólo de leyes, hablamos de mujeres, de niñas, de madres, de hijas que ya no regresaron a casa, de familias, pues, que viven con una silla vacía, y de un Estado que no puede volver a fallar”.

La senadora Cristina Ruíz Sandoval (PRI) también se declaró a favor de la reforma. Con esta aprobación, se pretende unificar criterios, homologar punibilidades y definir estándares de investigación con perspectiva de género en todo el territorio nacional.