Por Redacción

La Nación (Scjn), 17 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discute por tercera vez el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama para resolver la contradicción de criterios entre salas sobre el cálculo de indemnizaciones civiles por muerte, que enfrenta el uso del salario mínimo diario (315.04 pesos en 2026) contra la Unidad de Medida y Actualización (UMA diaria de 117.31 pesos). El caso deriva de una denuncia por posible contradicción entre las extintas salas de la Corte, donde la Primera Sala resolvió en marzo de 2024 que la indemnización puede calcularse con base en salarios mínimos para compensar el lucro cesante, mientras que la Segunda Sala determinó en julio de 2024 que es constitucional usar la UMA para el cálculo.

El debate se centra en el proyecto de la ministra Batres Guadarrama, que busca establecer un criterio unificado para calcular las indemnizaciones por muerte en materia civil. La discusión se programa por tercera ocasión en el pleno de la Corte, lo que refleja la complejidad y sensibilidad del tema para las víctimas y deudos.

La contradicción de criterios surgió entre el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito y otras instancias judiciales, lo que motivó la intervención de la SCJN para definir una postura uniforme. El caso específico bajo análisis corresponde al expediente 363/2024 de la Segunda Sala, aunque los detalles completos del mismo no han sido divulgados públicamente.

La diferencia económica entre ambos métodos de cálculo es significativa: mientras el salario mínimo diario vigente para 2026 es de 315.04 pesos, la UMA diaria se establece en 117.31 pesos, lo que representa una variación de casi 200 pesos por día en el monto de las indemnizaciones. Esta disparidad impacta directamente en la compensación económica que reciben las familias de las víctimas.

La resolución de la Corte tendrá implicaciones importantes para futuros casos de indemnizaciones por muerte, estableciendo un precedente sobre qué método de cálculo deberá aplicarse en todo el país. El fallo podría inclinarse por alguno de los dos criterios existentes o bien proponer una fórmula alternativa que busque equilibrar los intereses en juego.

El contexto de este debate se enmarca en los esfuerzos de la SCJN por unificar criterios jurisprudenciales que generen certidumbre jurídica en materia de responsabilidad civil. La decisión final afectará no solo a los deudos que buscan compensación, sino también a las instituciones y empresas que podrían verse obligadas al pago de indemnizaciones.

Se espera que los ministros analicen aspectos constitucionales, de derechos humanos y de justicia distributiva para llegar a una solución que balancee la reparación del daño con la razonabilidad de los montos. El resultado de esta discusión marcará un precedente crucial en la jurisprudencia mexicana sobre indemnizaciones civiles.