Ciudad de México, martes 23 de septiembre de 2025.

La Cámara de Diputados recibió este lunes una solicitud de juicio político contra Adán Augusto López Hernández, hoy senador y coordinador de Morena, por actos y omisiones que, según la promovente, favorecieron a la red criminal conocida como “La Barredora” cuando él gobernó Tabasco. La exdiputada del PAN María Elena Pérez-Jaén Zermeño presentó el escrito en calidad de ciudadana y pidió la destitución e inhabilitación hasta por 20 años, además de que, “de existir elementos”, se abran procesos penales. La entrega quedó asentada en San Lázaro y fue reportada por medios nacionales que recogen los delitos imputados: encubrimiento, cohecho y tráfico de influencias, con la tesis de que, como superior jerárquico del entonces secretario de Seguridad tabasqueño Hernán Bermúdez Requena, López sabía o debía saber de sus actividades ilícitas.

El trámite que inicia esta denuncia es claro en la ley mexicana: Diputados actúan como órgano de acusación y, de proceder, Senadores fungen como jurado de sentencia. De acuerdo con la práctica parlamentaria vigente, la Secretaría General de la Cámara turna la petición a la Subcomisión de Examen Previo —que define si hay materia— y, en su caso, la Comisión Jurisdiccional sustancia el expediente hasta votarlo en el Pleno. El juicio político aplica por responsabilidad política en el desempeño del cargo y las sanciones posibles son destitución e inhabilitación; además, el Artículo 114 constitucional fija que puede iniciarse mientras el servidor público está en funciones o hasta un año después. La promovente adelantó que volverá a San Lázaro para ratificar su escrito en los próximos días, como marca el procedimiento.

La denuncia emerge en el contexto de la captura y judicialización de Hernán Bermúdez, exjefe de Seguridad en Tabasco, a quien fiscales vinculan con La Barredora, célula ligada al CJNG. Crónicas recientes reconstruyen el ascenso del llamado “Comandante H” bajo el paraguas político de López y su caída tras los episodios de violencia en 2023; ese telón de fondo alimenta la narrativa de la oposición de que hubo protección y permisividad desde el gobierno estatal.

Desde el oficialismo llegó la primera réplica: el vicecoordinador morenista Ignacio Mier dijo que “no hay señalamientos formales” en contra de López por los crímenes atribuidos a Bermúdez, cerró la puerta a removerlo como coordinador en el Senado y enmarcó la denuncia en una “campaña” contra la mayoría parlamentaria. En paralelo, López —quien ya había reaparecido públicamente en julio ofreciendo estar “a la orden de cualquier autoridad”— se ha mantenido sin posicionamiento específico sobre la solicitud presentada ayer.

Para el lector: hoy no hay un veredicto ni consecuencias automáticas. Si la Subcomisión admite la denuncia, se abre una fase de acopio de pruebas, audiencias y dictamen; sólo si el Pleno de Diputados acusa, el expediente pasa al Senado, que puede o no imponer sanción. En términos políticos, el expediente presiona a Morena porque pone bajo reflectores a su jefe de bancada en la Cámara Alta, justo cuando el caso Bermúdez escaló con detenciones y filtraciones. Pero en términos jurídicos, todo depende de que los señalamientos —encubrimiento, cohecho, tráfico de influencias— se documenten con hechos y vínculos verificables entre decisiones de gobierno y la operación de La Barredora; de otro modo, el asunto podría desecharse en la primera aduana de San Lázaro.

En suma: hay una demanda de juicio político ya ingresada; describe faltas graves en la era tabasqueña de López y pide sanciones máximas; la ley establece que Diputados instruyen y el Senado decide; y, en la arena pública, Morena responde que no hay cargos formales y que su coordinador se mantiene. La historia seguirá en el carril procesal: ratificación, turno a Examen Previo y la decisión de si el caso avanza o se archiva.