Miami, 26 de junio de 2026.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el cierre de Alligator Alcatraz, el centro de detención para inmigrantes ubicado en los Everglades, al oeste de Miami. El anuncio se realizó durante una conferencia de prensa junto a Tom Homan, el zar de la frontera del presidente Donald Trump, en el Aeropuerto Dade-Collier de Entrenamiento y Transición.

DeSantis defendió la iniciativa calificándola de exitosa y afirmó que había cumplido “la función para la que fue diseñado”. Según el gobernador, “los trabajos para desmovilizar y desmontar la instalación ya están en marcha”. Asimismo, precisó que “hoy el centro ya no tiene ningún detenido”, aunque aclaró que las personas que estaban allí siguen bajo custodia federal.

El mandatario estatal sostuvo que en el centro fueron “procesadas” 21.000 personas y explicó que la instalación fue concebida para apoyar de forma temporal al Gobierno federal. DeSantis argumentó que ahora que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cuenta con los recursos necesarios para hacerse cargo de los detenidos, el centro no es necesario. “Si esta instalación no hubiera existido, no habría habido un lugar donde mantener a estas personas mientras esperaban su deportación. Habrían sido devueltas a las calles. Esto, en última instancia, no tengo ninguna duda de que salvó vidas”, declaró.

El gobernador indicó que el Estado seguirá colaborando con las autoridades federales a través de los acuerdos 287(g) y albergando inmigrantes en el centro de detención Deportation Depot, en el condado Baker, al norte del Estado. DeSantis resaltó que la creación de Alligator Alcatraz formó parte de un esfuerzo de Florida para respaldar la política migratoria de Trump, la cual continuará su curso. En este contexto, señaló que Florida es el estado con más acuerdos de cooperación entre policías locales y agencias migratorias federales del país, concentrando el 40% de los arrestos migratorios realizados bajo dicho programa.

El cierre pone fin a una de las iniciativas más controvertidas y emblemáticas de la ofensiva antiinmigrante de la Administración Trump. La iniciativa ha sido objeto de demandas judiciales y denuncias de violaciones de derechos humanos. Desde su apertura, organizaciones de derechos humanos, abogados y legisladores denunciaron malas condiciones, abusos contra los detenidos, falta de acceso legal y deficiencias en la atención médica, acusaciones que el Gobierno ha negado. Según registros oficiales, la mayoría de los inmigrantes recluidos no tenía antecedentes criminales.