Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó la autorización para recibir donativos deducibles de impuestos a más de 100 organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentran Mexicanos Primero, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), México Evalúa y Mexicanos contra la Corrupción. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que desconoce los detalles específicos de cuántas y cuáles entidades fueron afectadas, calificando la acción como un procedimiento técnico y autónomo de la autoridad fiscal.

De acuerdo con la información disponible, la revocación abarca a 113 organizaciones identificadas específicamente, aunque otras fuentes mencionan una cifra de hasta 270 entidades dentro de un padrón que supera las 10 mil donatarias autorizadas. El SAT justifica la medida como un cumplimiento de requisitos legales, citando incumplimientos normativos como los establecidos en la Ley de Ciencia, aunque no ha publicado un decreto oficial con la fecha exacta ni la lista completa de los beneficiarios cancelados.

Ante la polémica generada, Amnistía Internacional México interpretó la decisión como una medida de carácter político que busca debilitar a la sociedad civil crítica, alineándose con una tendencia regional de restricciones a estos actores. La organización denunció la existencia de una carga administrativa excesiva y requisitos reiterativos que complican la operación de las entidades, contrastando esto con la agilización de permisos para otros grupos.

En su declaración pública, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó detallar el impacto concreto de la revocación y remarcó que se trata de una decisión técnica del SAT, independiente de la voluntad del Ejecutivo. No obstante, la mandataria mencionó el precedente de Mexicanos contra la Corrupción, a la cual se le retiró el permiso en la administración anterior bajo el argumento de recibir financiamiento del extranjero, estableciendo un contexto de vigilancia sobre el origen de los recursos de estas organizaciones.

La controversia se intensifica por la percepción de desigualdad en los tiempos de respuesta de la autoridad. Mientras que algunas organizaciones enfrentan procesos de autorización que pueden durar hasta dos años, se ha señalado la aprobación exprés en tan solo dos días para la asociación Humanidad con América Latina A.C., vinculada al expresidente López Obrador. Este contraste alimenta las críticas sobre la selectividad en la aplicación de los criterios fiscales.

Hasta el momento, el SAT no ha emitido un comunicado oficial que detalle los plazos otorgados a las organizaciones para subsanar los incumplimientos ni ha aclarado las discrepancias en los tiempos de autorización. La falta de una lista oficial y la divergencia entre la explicación técnica del gobierno y la interpretación política de las organizaciones civiles mantienen la incertidumbre sobre el futuro operativo de las entidades afectadas.

Este evento marca un punto de tensión entre el gobierno federal y las organizaciones no gubernamentales, en un escenario donde la capacidad de recibir donativos deducibles es vital para la sostenibilidad de sus programas. La sociedad civil espera una mayor transparencia sobre los criterios aplicados, mientras las autoridades mantienen la postura de que se trata de un apego estricto a la legalidad vigente.