Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La reforma electoral conocida como ‘Plan B’, iniciativa presidencial que modifica cuatro artículos constitucionales en materia electoral y de austeridad republicana, enfrenta obstáculos en el Senado de México debido a la oposición del Partido del Trabajo (PT) y contradicciones sobre su avance parlamentario.
La propuesta incluye un tope presupuestal del 0.7% para los congresos locales, así como la reducción del número de regidores y síndicos municipales. Sin embargo, el punto que genera mayor resistencia es la realización de la revocación de mandato presidencial en junio de 2027, coincidiendo con las elecciones legislativas, lo cual el PT considera que beneficiaría electoralmente a Morena.
Existen declaraciones contradictorias sobre el estado del dictamen. Ignacio Mier Velazco anunció su dictaminación para el martes 24 de marzo, mientras que otras fuentes parlamentarias indican que fue postergado hasta después de Semana Santa debido al rechazo del Partido del Trabajo.
Óscar Cantón Zetina asegura que Morena cuenta con los votos necesarios en comisiones, posición que contrasta con lo señalado por Ricardo Monreal, quien indica que la presidenta es consciente de que puede no alcanzar los votos necesarios en el Congreso. La oposición conformada por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano ha solicitado retirar la iniciativa.
Siete consejerías del Instituto Nacional Electoral, integradas por Arturo Castillo Loza, Carla Humphrey, Martín Faz, Rita Bell López, Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala, desmintieron un documento sobre el Plan B que algunas versiones atribuyeron al organismo electoral.
Entre los involucrados en las negociaciones figuran la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el líder de la Cámara de Diputados Ignacio Mier Velazco, el presidente del Senado Óscar Cantón Zetina, el coordinador de Morena Ricardo Monreal, así como Alberto Anaya del Partido del Trabajo.
La discusión de la reforma continúa en espera de resoluciones sobre las negociaciones con el PT y la definición de la sesión de comisiones programada para dictaminar el proyecto, en un contexto donde persisten incertidumbres sobre el contenido final del dictamen y el impacto presupuestal de las medidas propuestas.















