La Paz, 17 de junio de 2026.- Baja California Sur atraviesa una coyuntura marcada por la aprobación de reformas legales urgentes, el aumento de la violencia de género y protestas sociales derivadas de la precarización del sistema de salud. Mientras la XVII Legislatura del Congreso del Estado aprobó por unanimidad tipificar el delito de matrimonio infantil, las cifras sobre feminicidios presentan contradicciones entre estimaciones demográficas y registros oficiales, y trabajadores de IMSS-Bienestar mantienen movilizaciones exigiendo insumos.

En materia de seguridad, Semanario ZETA reporta que la entidad se ha convertido en el tercer lugar con más feminicidios por cada 100 mil habitantes, con una tasa de 0.66. Al multiplicar esta tasa por la población existente según el INEGI, se estima que se hayan cometido cinco feminicidios en la entidad. Sin embargo, para la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), basándose en cifras públicas del Secretariado hasta abril, solo existen tres registros.

Antonio López Rodríguez, procurador general de Justicia del Estado, declaró que hasta abril llevaban abiertas tres carpetas de investigación por homicidio y tenían resueltas tres. El funcionario expresó que en lo que va del mes de mayo han contabilizado dos feminicidios más, sumados a los tres ya en registro oficial. Sobre los casos recientes, el procurador indicó: “acabamos de localizar a una mujer —desafortunadamente— sin vida aquí en la colonia La Pasión; ya llevamos la investigación avanzada ya tenemos identificada a una persona probable responsable y pensamos que lo podemos resolver pronto”.

Los hechos ocurrieron el 20 de mayo, cuando se registraron dos presuntos feminicidios en el municipio de La Paz. Una de las víctimas fue localizada sobre las calles Abedul y Diente de León de la colonia La Pasión; presentaba un cable en la boca y rodeando su cuello, además de huellas de violencia. Paramédicos del Grupo Voluntario Calafia indicaron que la posible causa de muerte, apreciada a simple vista, sería un traumatismo craneoencefálico y asfixia por ahorcamiento.

Paralelamente, el Congreso local aprobó una reforma al Código Penal y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para tipificar el delito de matrimonio infantil o cohabitación forzada de menores. La iniciativa, propuesta por la diputada del PAN Guadalupe Saldaña Cisneros, adiciona el artículo 174 Bis e impone penas de ocho a 15 años de prisión y multas de 2 mil a 4 mil veces el valor diario de la UMA. Saldaña Cisneros señaló que “México se posiciona como el octavo país con mayor índice de matrimonio infantil a nivel mundial”, aunque destacó que Baja California Sur presenta cifras comparativamente menores con mil 431 casos registrados.

En el ámbito social, trabajadores de IMSS-Bienestar han salido a las calles y bloqueado vías como el puente Mano Amiga en la colonia 8 de Octubre para denunciar la falta de insumos, respuesta y ambulancias. Marlene Cota, secretaria general de Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud (FINTRAS), sindicato que agrupa a más de 400 empleados, afirmó: “Falta de insumos, falta de respuesta por parte de IMSS-Bienestar, faltan de ambulancias, ya es insostenible”.

Los manifestantes expusieron el caso de la muerte de un bebé durante un traslado de Santa Rosalía a Loreto, atribuyéndola a la carencia de insumos en la ambulancia. Cota mencionó que las problemáticas se han agudizado desde enero en el hospital Salvatierra, afectando incluso a especialistas como ginecólogos. Tras quedar plantados en oficinas tras una reunión pactada el 10 de junio con el representante Bogdan Benis, los líderes de FINTRAS lograron concretar una mesa de trabajo con el gobernador Víctor Castro Cosío.