Por Redacción

Ciudad De México, 22 de julio de 2026.- La investigación que mantiene la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, perfila la existencia de una operación binacional que durante varios años habría permitido el ingreso ilegal de millones de litros de gasolina y diésel a territorio mexicano mediante un sofisticado esquema de evasión fiscal.

La empresa mexicana Ingemar S.A. de C.V. aparece como uno de los principales ejes de la operación, al ser señalada por la Fiscalía como la encargada de coordinar la importación de los hidrocarburos que posteriormente eran distribuidos en México. El combustible tenía como origen complejos energéticos ubicados en Corpus Christi, Houston, Pasadena y Laredo, Texas, desde donde salían convoyes ferroviarios con destino a terminales instaladas en el norte del país.

Entre las compañías que aparecen en la documentación asegurada por las autoridades destacan Belar Fuels Company LLC, Maverick Terminals Corpus LLC, L Energy International LLC y Deer Park Refining LP, además de otras firmas estadounidenses como Rhodes Energy Services LLC, Flint Hills Resources LP, Atlas Oil Co., US Venture Inc., Bluewing One LLC y Ballast Partners LLC.

La FGR sostiene que la organización utilizó al menos 163 ferrotanques para movilizar gasolina y diésel hacia México, modificando la información contenida en pedimentos de importación para reducir el pago de contribuciones federales. El presunto quebranto económico ocasionado al erario supera los 4 mil millones de pesos, cifra que convierte el caso en una de las investigaciones de mayor impacto relacionadas con el llamado huachicol fiscal.

Por estos hechos, Ernesto Ruffo Appel enfrenta un proceso penal por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. El exmandatario permanece internado en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, Altiplano, mientras continúa el procedimiento judicial.

Este miércoles se desarrolla una nueva etapa de la audiencia de vinculación, en la que las partes continúan desahogando argumentos y revisando los elementos de prueba integrados por la Fiscalía. Hasta el cierre de esta edición no se había emitido una nueva determinación judicial, por lo que el proceso permanece en curso.