Ciudad De México, 07 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum redobló sus críticas al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual concluye que en México este delito se comete de manera sistemática y generalizada. Sheinbaum afirmó que “el Estado mexicano existe y no está rebasado” y advirtió un trasfondo político detrás de la intención del Comité de llevar el asunto a la Asamblea General de la ONU.

El Comité emitió un pronunciamiento señalando que los más de 132 mil casos de desaparecidos “podrían constituir crímenes de lesa humanidad”. El informe describe las desapariciones forzadas como “una crisis estructural” donde la carga de la búsqueda recae en las familias y no en el Estado. Además, documenta un agravamiento de la crisis forense, con una estimación de 72,000 restos humanos sin identificar para inicios de 2026, cifra que ha crecido desde los 52,000 calculados en 2021.

En respuesta, el Gobierno de Sheinbaum realizó un cribado que arroja que solo un tercio de los registros (43,128) correspondería a personas desaparecidas. La presidenta aseguró que el informe del Comité se basa únicamente en el análisis de unos cuantos casos en cuatro estados y en periodos anteriores a 2018. Sheinbaum negó que la crisis pueda ser un crimen de lesa humanidad, diciendo que es “otra cosa” definida por la ONU y acusó al documento de estar “orientado” a criticar al Estado mexicano.

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, rectificó que “no se trata de un informe de la ONU, sino de un grupo de expertos que trabajan para ella”. Alcalde señaló que el análisis se basa en datos de 2009 a 2017 y que hasta abril de 2026 se contabilizan 132,887 desaparecidos, de los cuales las autoridades han confirmado el paradero de 5,200 ciudadanos mediante pruebas de vida directas tras detectar señales de actividad posterior en más de 40,000 casos. La cancillería de México calificó el informe de “tendencioso” por no considerar las medidas implementadas en los últimos años.

Por su parte, el Comité de la ONU aseguró que su evaluación no se limita a un periodo específico. Juan Pablo Albán, presidente del Comité, señaló que el análisis examina “la evolución de la situación hasta la actualidad” y subrayó que incorpora datos recientes, destacando las 28,880 desapariciones reportadas del 1 de enero de 2023 al 22 de abril de 2025. El organismo indica que el número de personas desaparecidas registradas supera las 132,400 al 19 de febrero de 2026.

Ante la controversia, la diputada Laura Ballesteros exigió que Rosario Piedra renuncie a la CNDH por su deficiente actuación, acusándola de ejercer un papel protector del Estado. Ballesteros anunció que buscará iniciar un proceso de juicio político y declaró: “Su renuncia como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es inaplazable. Le exijo la misma”. Por otro lado, el diputado Elías Lixa acusó al gobierno federal de modificar la metodología para minimizar las desapariciones, afirmando: “No pueden esconder la realidad bajo un manto de mentiras”.

Sara Hernández, integrante del Comité ¡Eureka!, afirmó que la decisión de la ONU de llevar el caso a la Asamblea General es “muy importante” e “histórica”, sosteniendo que rechazar la determinación implicaría “un retroceso lamentable”. La Barra Mexicana de Abogados exhortó al Gobierno de México a atender las recomendaciones del Comité y a no descalificar la decisión del organismo internacional.