Sonda De Campeche, 29 de marzo de 2026.- A casi un mes de haber sido detectado, el derrame de petróleo en el Golfo de México continúa sin tener un origen ni responsables definidos. La mancha de crudo afecta ya más de 500 kilómetros de costa en los estados de Veracruz, Tabasco, Tamaulipas y Campeche, mientras las autoridades mantienen abiertas tres líneas de investigación sobre las causas del desastre ambiental.

Las hipótesis apuntan hacia un barco, cuya naturaleza privada fue mencionada inicialmente por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, antes de matizar su discurso, y dos “chapopoteras”, identificadas como emanaciones naturales de petróleo crudo y gas metano desde el subsuelo. Una de estas fuentes de fuga se localiza en aguas de Campeche, específicamente en el campo Cantarell, zona con infraestructura de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La postura oficial ha presentado contradicciones durante las últimas semanas. Pemex aseguró en un principio que el derrame no se originó en sus instalaciones; sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum abrió recientemente la posibilidad de que exista un fallo en la infraestructura de la petrolera estatal. Por su parte, la Secretaría de Marina trabaja en la identificación de la fuente del chapopote, con equipos de buzos inspeccionando plataformas en la región.

Expertos consultados destacan la complejidad del escenario. José Alberto Lara, director del Centro Transdisciplinar para la Sustentabilidad de la Universidad Iberoamericana, señaló que el mayor problema ante estas crisis es la falta de protocolos claros sobre cómo actuar y delimitar competencias. Fausto Quintana, politólogo de la UNAM, añadió que el impacto trasciende lo ambiental y se vincula con los problemas de obsolescencia en la infraestructura de Pemex.

El campo Cantarell, señalado como uno de los puntos de origen, registra un historial de inestabilidad. Según datos verificados, este conjunto de yacimientos en la Sonda de Campeche ha presentado al menos 14 vertidos significativos desde marzo de 2023. Abigail Uribe Martínez, investigadora del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad de Baja California, explicó que en la zona existen decenas de plataformas y ductos antiguos donde el mantenimiento profundo podría ser una deuda pendiente.

Mientras se esclarece el origen exacto, la gestión de la crisis ocurre en un contexto de redefinición de la política energética nacional, que busca atraer inversión privada y revisar el uso de técnicas como el fracking. Hasta el momento, no se han emitido resultados definitivos sobre la investigación anunciada por el gobierno federal para determinar los responsables finales de la fuga que sigue afectando a las comunidades costeras.