Por Redacción

Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Organizaciones civiles solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que vigile el desplazamiento forzado interno en México, fenómeno que afectó a 28 mil 900 personas en 2024 y a 15 mil 795 en 2025, en medio de un contexto de violencia por crimen organizado y ejecuciones extrajudiciales. La petición se da mientras persisten casos emblemáticos de impunidad, como la absolución del único detenido por el asesinato del activista Samir Flores Soberanes y el reconocimiento parcial del Estado por la ejecución de Bonfilio Rubio Villegas a manos del Ejército.

El desplazamiento forzado en México ha sido documentado principalmente en contextos de disputas territoriales y presencia de grupos criminales en estados como Morelos y Guerrero. Las cifras acumuladas entre 2016 y 2024 alcanzan las 390 mil personas desplazadas, según datos de organizaciones civiles. Este fenómeno está intrínsecamente ligado a la expansión del crimen organizado transnacional, que incluye múltiples actividades ilícitas más allá del narcotráfico y en el que, según análisis periodísticos, participan entidades legales y estatales.

En un caso que ejemplifica las fallas en la procuración de justicia, Javier ‘N’ fue absuelto por el asesinato del activista opositor al Proyecto Integral Morelos, Samir Flores Soberanes. La Fiscalía federal presentó pruebas consideradas insuficientes, mientras que dos testigos clave fueron asesinados y agentes ministeriales incurrieron en contradicciones durante el proceso, según información de medios. Este fallo judicial ha sido señalado como un reflejo de las investigaciones deficientes en casos de violencia contra defensores.

Paralelamente, el Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas y propuso un acuerdo amistoso. Sin embargo, la familia de la víctima exige un reconocimiento expreso de la responsabilidad de las fuerzas armadas en el hecho, evidenciando la resistencia a una reparación integral en casos de abusos militares.

La solicitud de las organizaciones a la CIDH busca un mecanismo de supervisión internacional que obligue al Estado mexicano a prevenir, atender y documentar con transparencia el desplazamiento forzado. Esta petición se enmarca en un patrón más amplio donde la violencia criminal y las acciones de fuerzas de seguridad convergen para generar crisis humanitarias en diversas regiones del país.

El contexto político y social muestra que, a pesar de los reconocimientos parciales del Estado, persisten obstáculos estructurales para acceder a la justicia y a la verdad. La impunidad en casos de alto perfil y la falta de medidas concretas para proteger a la población en zonas de conflicto alimentan el ciclo de violencia y desplazamiento, manteniendo a miles de mexicanos en una situación de vulnerabilidad extrema y desprotección institucional.