Por Luis Martínez Alcántara
CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado las iniciativas de leyes secundarias que regularán la elección de jueces, magistrados y ministros, programada para el 1 de junio de 2025. Estas leyes complementan la reciente reforma constitucional al Poder Judicial, detallando las etapas y procedimientos que garantizarán la transparencia y participación en el proceso. El Instituto Nacional Electoral (INE) será responsable de organizar esta inédita elección, siguiendo las pautas que se establecen en las nuevas normativas.
Uno de los principales puntos de controversia es la posibilidad de que el Senado convoque a elecciones incluso si la Suprema Corte no envía la lista de vacantes disponibles, lo que algunos consideran una invasión de las competencias del Poder Judicial. Además, los críticos argumentan que este modelo podría politizar la selección de jueces, debilitando la independencia judicial. Esto ha sido señalado como un riesgo, ya que la elección popular de jueces podría ser influenciada por factores externos a la capacidad y méritos de los candidatos.
Quienes se oponen a la reforma señalan también que la elección de jueces mediante voto popular podría ser una amenaza para la imparcialidad del sistema judicial. Algunos expertos creen que al someterse a campañas electorales, los jueces podrían estar más expuestos a presiones políticas y mediáticas, lo que comprometería su neutralidad al emitir sentencias. Además, varias voces dentro del ámbito legal han expresado su preocupación por la posible injerencia del Ejecutivo en el proceso.
A pesar de las críticas, el gobierno de Sheinbaum defiende que esta medida es parte de un esfuerzo más amplio por democratizar las instituciones y garantizar que los jueces representen mejor los intereses del pueblo. Se argumenta que la participación ciudadana directa en la elección de estos altos cargos fortalecerá la confianza en el sistema judicial y reducirá los riesgos de corrupción y favoritismos dentro del Poder Judicial.
El Senado discutirá las iniciativas esta misma semana, con el objetivo de aprobarlas antes de que termine octubre, para asegurar que la primera elección popular de jueces en México pueda llevarse a cabo sin contratiempos. La expectativa es que este proceso transforme de manera significativa el sistema judicial del país.
