Por Redacción

Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- Unas 2,000 personas se movilizaron este 20 de marzo en la capital mexicana bajo la campaña ‘Con nuestros niños no’, en respuesta a los recientes casos de violencia contra menores reportados en Sinaloa, Chihuahua y Guanajuato. La protesta coincide con la difusión de datos que indican un incremento en las agresiones letales hacia la población infantil durante los primeros meses del año.

Entre los casos que motivaron la movilización destaca el de Ricardo Mizael, un adolescente de 15 años originario de Sinaloa, así como el de Eitan Daniel, un niño de Ciudad Juárez. En relación con este último, autoridades han detenido a cinco personas, incluyendo a la madre del menor, como parte de las investigaciones en curso.

De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se registran 47 casos de muertes violentas de menores durante el primer trimestre de 2026. Esta cifra ha sido citada por medios digitales como debate.com.mx para contextualizar la gravedad del escenario de seguridad que enfrenta el país.

La atención pública también se ha centrado en reportes provenientes de Guanajuato, donde se han mencionado hallazgos en las localidades de Villagrán y Mexicanos. En esta última, se señaló la presencia de restos en un pozo de riego; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente el número específico de restos ni la fecha exacta de los hallazgos, manteniéndose la información bajo revisión por parte de los colectivos de búsqueda y autoridades.

Colectivos de búsqueda han participado activamente en la difusión de estos casos y en la organización de las movilizaciones ciudadanas, buscando presión social para esclarecer los hechos. La situación ha generado un reclamo amplio contra la impunidad y la violencia que afecta a la infancia en diversas entidades federativas.

Medios como Latinus y Milenio también han cubierto los developments de estas investigaciones, resaltando la necesidad de respuestas institucionales contundentes. Mientras las familias exigen justicia, la sociedad civil mantiene la vigilancia sobre los avances que puedan presentar las procuradurías de justicia en los estados involucrados.