Brasilia, 03 de abril de 2026.- El presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmó que Geraldo Alckmin será nuevamente su candidato a vicepresidente para las elecciones de octubre de 2026. El anuncio se realizó durante un encuentro ministerial en la capital brasileña, donde el mandatario señaló que su actual compañero de fórmula “tendrá que dejar el Ministerio de Industria y Comercio porque se presenta de nuevo como candidato a la vicepresidente de la República”.

Alckmin, de 73 años, ocupa actualmente la vicepresidencia y la cartera de Industria y Comercio. Su salida del gabinete forma parte de un movimiento más amplio provocado por la próxima campaña electoral, la cual ha precipitado la renuncia de 18 de los 38 ministros del gobierno de Lula.

Por otro lado, el gobernador del estado de Goiás, Ronaldo Caiado, oficializó su candidatura presidencial para los comicios de octubre bajo la bandera del Partido Social Democrático (PSD). En un acto celebrado en São Paulo, Caiado, quien también tiene 73 años y gobierna Goiás desde 2018, se presentó como una tercera vía en un panorama polarizado entre Lula y Flávio Bolsonaro.

Durante su lanzamiento, Caiado declaró que su primer acto como presidente sería una “amnistía amplia, general e ilimitada”, en referencia al expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una larga condena por urdir un golpe de Estado. Este es el segundo enfrentamiento electoral entre Caiado y Lula, tras las presidenciales de 1989 donde el gobernador quedó en décimo lugar.

Los sondeos actuales sitúan al candidato de la tercera vía rondando el 4% de intención de voto, mientras que Lula y Bolsonaro aparecen empatados por encima del 40%. Goiás, el estado que administra Caiado, cuenta con siete millones de habitantes.

En materia ambiental, a partir del miércoles 2 de abril de 2026, los bancos en Brasil están obligados a revisar la base de datos Prodes, del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE), para verificar si las propiedades solicitantes de crédito rural subvencionado han talado árboles desde 2019. Esta norma afecta a créditos por unos 53.000 millones de dólares, un tercio del crédito rural del país.

La medida busca cumplir la promesa de Lula de eliminar completamente la deforestación en 2030. Andre Lima comentó sobre la regulación: “Así convertimos a cada gerente de banco que gestiona créditos subsidiados en un inspector de deforestación ilegal”. El último balance anual indica que la Amazonia perdió 5.796 kilómetros cuadrados de vegetación nativa, un 11% menos que el año anterior, aunque casi una quinta parte del crédito subvencionado otorgado entre 2020 y 2023 fue para operar propiedades deforestadas.