Por Redacción

Ciudad de Mexico, 31 de julio de 2026.- La verdadera calificación de los candidatos mexicanos no se definirá en el país, sino que dependerá finalmente de la justicia de Estados Unidos, lo que representa un riesgo de injerencia en el proceso electoral del año próximo. Aunque el Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá su comisión y existen controles internos desde hace tiempo realizados por la Unidad de Inteligencia Financiera, el Sistema de Administración Tributaria y la Fiscalía General de la República, estos no han resultado efectivos.

La ineficacia de dichos mecanismos se evidencia en casos como el del gobernador constitucional de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien se encuentra con licencia, así como Enrique Inzunza Cázares, alejado del Senado. Tampoco se ha impedido que exservidores públicos huyan o que alcaldes como Diego Rivera Navarro, titular en Tequila, sean detenidos por sus ligas con la delincuencia en Jalisco, Morelos y otros estados. Asimismo, se han conocido los alcances del grupo criminal de La Barredora, formado por Hernán Bermúdez Requena desde la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco.

La gran decisión parece estar en Estados Unidos, donde poco importan inicialmente las denuncias endilgadas en México, como las contra Rubén Rocha Moya tras las elecciones de 2021. El golpe llegó casi cinco años después desde el tribunal federal del sur de Nueva York, con la acusación “de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos”.

Ante este escenario, surge la interrogante sobre qué pasaría si desde el norte se hicieran nuevas acusaciones contra candidatos de cualquier partido durante la campaña, lo que podría anular autorizaciones otorgadas por el INE. Ya hay aspirantes con dificultades, como los bajacalifornianos Julieta Ramírez, Montserrat Caballero e Ismael Burgueño, todo a partir de temas relacionados con visas.

En otro orden de ideas, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo referencia al derecho de las audiencias al desmentir propósitos de censura y reivindicar la facultad de elegir qué consumir informativamente: “Quien no quiera ver la Mañanera que no la vea”. Bajo este contexto, se señala que no corresponde al gobierno calificar notas periodísticas ni descalificar públicamente a medios, un enfoque que muchos verían bien si es la base para la consulta pública de la Comisión Reguladora.