El Gobierno de Israel extendió este domingo hasta el 31 de agosto la evacuación de las comunidades próximas a las fronteras con Gaza y el Líbano, según un comunicado de la Oficina del Primer Ministro, después de que los intercambios de fuego con las milicias palestinas y Hizbulá obligaran a desplazarse a unos 125.000 israelíes entre octubre y noviembre de 2023.
La medida, propuesta por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, salió adelante “en vista de la continuación de los combates y las implicaciones operativas y de seguridad que surgen de la evaluación de la situación”.
Así, los ciudadanos de los asentamientos que se encuentran en una franja de hasta siete kilómetros junto a Gaza o hasta cinco junto a la divisoria con el Líbano continuarán desplazados, bajo financiación estatal, en los distintos hoteles y residencias en los que muchos llevan ya unos nueve meses.
La Oficina del Primer Ministro dijo que el Ejecutivo prepara medidas para ampliar las prestaciones por desempleo de los desplazados.
La prórroga llegó de la mano de la aprobación de recortes en los presupuestos ministeriales por un valor de 500.000 shékel (unos 124.700 euros), que serán redirigidos a financiar los costes de la evacuación.
Según el diario Times of Israel, decenas de millones de shékel saldrán de los ministerios de Sanidad, Bienestar y Educación, aunque no especificó cantidades concretas o los posibles recortes a otras carteras.
“Estamos en guerra. Al igual que a nadie se le ocurrió recortar los fondos del Ministerio de Defensa y el Ejército, a nadie debería ocurrírsele recortar los fondos del Ministerio de Seguridad Nacional”, dijo el titular de esa cartera, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, para protestar contra una posible reducción de fondos, según recogió Haaretz.
Por otro lado, un representante del partido Yesh Atid (encabezado por el líder de la oposición, Yair Lapid), aseguró al diario que la medida pertenece a “un gobierno imprudente, que se reparte fondos a costa de la clase media, los reservistas y los contribuyentes”.
Más de 60.000 personas se vieron obligadas a abandonar las comunidades próximas a la frontera con el Líbano, donde la milicia chií Hizbulá comenzó a lanzar cohetes el 8 de octubre, en respuesta a los ataques israelíes contra la Franja de Gaza.
Por otro lado, en torno a un 70 % de los 57.000 desplazados de las localidades cercanas a la divisoria con Gaza han podido volver a sus hogares, mientras el resto continúa también viviendo en hoteles u otras comunidades próximas.
En algunos de los kibutz (comunidades agrarias) más próximos a la divisoria con la Franja, como los de Beeri, Kfar Aza, Nir Oz o Kerem Shalom, el Ejército todavía no permite el retorno de sus residentes, ya sea por inseguridad -las milicias palestinas de la Franja continúan disparado cohetes al área- o porque siguen siendo inhabitables.
A principios de mayo, el director de la Administración de Tekuma, Moshe Edri, aseguró al canal 12 de la televisión israelí que los habitantes de Beeri, Kfar Aza y Nir Oz no podrán volver a sus hogares hasta dentro de “dos o tres años”.