Jerusalén, 31 de marzo de 2026.- La Knesset (Parlamento israelí) aprobó una ley que permite la pena de muerte por ahorcamiento para palestinos condenados por terrorismo. La normativa se aplicará específicamente en los tribunales militares de Cisjordania, instancias que juzgan exclusivamente a acusados palestinos, dejando fuera a los colonos israelíes en dicha zona, quienes están sujetos a la legislación civil.

El primer ministro Benjamín Netanyahu votó a favor de la medida, cuyo principal impulsor fue el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir. Respecto al resultado de la votación, existen discrepancias entre las fuentes: mientras un reporte indica 62 votos a favor y 48 en contra, otra fuente eleva el número de apoyos a 64, manteniéndose los 48 votos en contra en ambos casos.

La nueva legislación obliga a los tribunales militares a castigar con la pena capital el asesinato de israelíes en lo que definan como ‘actos de terrorismo’. Los jueces solo podrán optar por la cadena perpetua si aprecian ‘circunstancias especiales’. Para imponer la sentencia de muerte no se requiere unanimidad, bastando con una mayoría simple, y la ley elimina expresamente el derecho de apelación. Además, se exige que la sentencia se dicte en un plazo de 90 días.

Entre las disposiciones adicionales, la norma permite la realización de ejecuciones secretas por ahorcamiento e impone un régimen de aislamiento casi total a los condenados. La ley no tendrá efecto retroactivo para los detenidos tras los ataques del 7 de octubre de 2023, aunque la Knesset tramita actualmente otra iniciativa que sí prevé aplicar este castigo para esos casos específicos.

Itamar Ben Gvir celebró la aprobación calificándola como “un día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos”. “No más puertas giratorias para los terroristas, sino decisiones claras. Quien elige el terrorismo, elige la muerte”, declaró el ministro, quien también definió la medida como “histórica” y afirmó: “Hoy devolvemos el orgullo al pueblo de Israel […] Hay actores en la UE que nos quieren ver como el 7 de octubre: muertos, callados y otra vez secuestrados”.

Por su parte, la Presidencia de la Autoridad Palestina condenó la ley, tachándola de “racista” y de constituir una “flagrante violación del derecho internacional humanitario”. En un comunicado, la entidad palestina aseguró que “estas leyes no van a quebrar la voluntad del pueblo palestino ni socavar su resistencia, ni lo disuadirá de seguir con su lucha legítima por la libertad, la independencia y el establecimiento de un Estado palestino independiente con Jerusalén Este como capital”.