Ciudad De México, 08 de junio de 2026.- La memoria histórica y la búsqueda de justicia han centrado la atención reciente en diversos países de Latinoamérica, con acciones que van desde propuestas legislativas controvertidas hasta sentencias inéditas de reconocimiento estatal.

En Chile, un grupo de diputados del Partido Nacional Libertario presentó un proyecto de resolución en el Congreso para solicitar al presidente José Antonio Kast la creación de un Museo de la Verdad sobre el período del Gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. La iniciativa fue ingresada en la Cámara de Diputados el mismo día que el mandatario rindió su primera Cuenta Pública. La propuesta pide al Ejecutivo instruir a los ministerios de las Culturas y de Obras Públicas, así como al Consejo de Monumentos Nacionales, para instalar el recinto y recopilar testimonios y documentos de esa época.

El objetivo declarado del museo es exponer “el atropello, el hambre y la humillación que significó para el pueblo de Chile el Gobierno de la Unidad Popular”. Según los impulsores, el busca “preservar la memoria histórica completa y verdadera de las víctimas de desabastecimiento, la violencia política, el ‘quieto’ del Estado de Derecho y el caos económico que caracterizaron dicho período, y educar a las nuevas generaciones de chilenos sobre la totalidad de su historia reciente”. Esta creación pretende restar peso al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH), dedicado al golpe de 1973 y la dictadura de Augusto Pinochet, institución que recibió el Premio de Derechos Humanos Rey de España a inicios de mayo de 2026. En el país austral se conservan actualmente 1.168 lugares de memoria.

Por otro lado, la justicia de Ecuador obligó al Estado a reconocer su responsabilidad en la desaparición forzada y muerte de cuatro niños de Las Malvinas, en un caso que expuso abusos cometidos por militares durante el gobierno de Daniel Noboa. La sentencia, considerada inédita, ordenó un acto de disculpas públicas con frases redactadas por los jueces de la Corte Constitucional. El 4 de junio de 2026, en el Hemiciclo de la Rotonda en Guayaquil, el comandante de la Fuerza Aérea, Mauricio Salazar, pronunció las palabras de perdón: “Reconocer con vergüenza y dolor que el Estado es responsable de un horrendo suceso, la desaparición forzada y posterior muerte de cuatro niños afrodescendientes, habitantes de un barrio popular del sur de Guayaquil”, añadiendo que se les fue “Arrebatándoles su libertad, su infancia y su derecho a vivir dignamente”.

Los cuatro menores, de entre 12 y 17 años, fueron interceptados por 16 militares el 8 de diciembre de 2024 cerca del barrio Las Malvinas. Según la investigación judicial, los soldados los detuvieron, golpearon, desnudaron y abandonaron en una zona apartada; días después, sus cuerpos aparecieron junto a un manglar. Durante el acto, familiares y vecinos gritaron consignas como “¡Eran niños!” y “¡Asesinos!”. Previamente, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) denunció que familiares de las víctimas estaban siendo hostigados por militares, incluyendo la presencia de soldados en la vivienda de una de las madres.

En México, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) otorgó la licenciatura a la joven enfermera Verónica Soto Hernández, víctima de feminicidio, seis años después de su muerte. La resolución final se dio gracias a la lucha de su familia, ya que inicialmente no podía entregarse el título porque la joven no había cubierto totalmente el servicio social, trámite que interrumpió su asesinato. Soto Hernández había terminado la carrera con 9.6 de calificación y jamás había reprobado; sin embargo, al parecer el culpable de su asesinato sigue sin ser juzgado.

Asimismo, a 17 años de la tragedia ocurrida en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 menores el 5 de junio de 2009, familiares realizaron una ceremonia con un pase de lista. Durante el acto se mencionaron los nombres de las 49 víctimas, seguido cada uno por la frase “no debió morir”. En el evento, los familiares reiteraron su llamado a las autoridades federales para que no exista impunidad por el siniestro.