Ciudad De México, 04 de abril de 2026.- La industria minera mexicana observa una oportunidad para reactivar la exploración ante la firma, en febrero de 2026, de un plan de acción entre Estados Unidos y México para evaluar vías de colaboración en la producción y comercialización de materias primas fundamentales.

Pedro Rivero señaló que “Estamos en una posición en la que creemos posible que se vuelvan a otorgar concesiones mineras para volver a la exploración, que se ha reducido de forma importante en los últimos años”. México dejó de otorgar concesiones mineras desde 2019 y durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador la superficie concesionada se redujo en 20%, hasta unas 16,8 millones de hectáreas.

En febrero de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum ordenó recuperar 1.126 concesiones en 889.512 hectáreas por incumplimientos. Cerca de 250.000 hectáreas de concesiones recuperadas estaban en áreas naturales protegidas. Rivero comentó que el esfuerzo del Gobierno federal ha servido para poder medir realmente cuánto hay, quién lo tiene y cuánto se está pagando en derechos.

Respecto a los minerales críticos, Yaxa Michel, presidenta de la Asociación Mexicana de Minerales Críticos, indicó que “Hay otra sección del mar, cercana a México, que también podría tener estos nódulos polimetálicos”. Estados Unidos anunció en agosto un acuerdo de cooperación con las Islas Cook para explorar la minería de aguas profundas de nódulos polimetálicos, mientras que China también firmó un acuerdo con las Islas Cook para la indagación y gestión de los recursos de su lecho marino.

Michel mencionó que tendrían que voltear y ver las posibilidades que está abriendo el juego geopolítico actual para México, particularmente en el área de procesamiento. Sin embargo, advirtió que “Nos hemos dado cuenta de que el tema de la inversión es muy complicado. Podemos decir que sí hay inversión en lo que ya existe, los minerales clásicos como plata y cobre, pero no tanto en cosas nuevas”.

El sector enfrenta conflictos ambientales y arbitrajes. El conflicto con la empresa Vulcan Materials y el gobierno mexicano se remonta a 2018, cuando la Profepa clausuró parcialmente la mina de piedra caliza en Quintana Roo. Vulcan Materials inició un arbitraje internacional contra México en 2019 en el marco del TLCAN para reclamar 500 millones de dólares.

En 2024, un decreto declaró la zona área natural protegida, lo cual impidió definitivamente la minería en el predio. Según la Semarnat, el costo social para restaurar la zona impactada por la explotación de Calica ascendía a 34 mil 650 millones 986 mil 364 pesos hasta noviembre de 2022.