Por Luis Martínez Alcántara

El asesinato de Karla Patricia Cortés Cervantes, una conductora de Uber de 41 años, conmocionó a la sociedad mexicana y puso de relieve la alarmante realidad del feminicidio en el país. Karla fue asesinada el 29 de diciembre de 2024 en la alcaldía de Azcapotzalco, Ciudad de México, mientras cumplía con su jornada laboral. 

Su hija, Brisa García, denunció que las autoridades intentan clasificar la muerte de su madre como un homicidio doloso, lo que contraviene las circunstancias del caso y minimiza el contexto de violencia que enfrentan las mujeres en México,  exigió justicia e instó a las autoridades a investigar el caso como feminicidio, argumentando que no se trató simplemente de un asalto.

Las circunstancias del asesinato son particularmente desgarradoras. Según los informes, Karla fue víctima de un ataque violento que culminó con un disparo en la cabeza. Un video que circula en redes sociales muestra cómo su cuerpo fue arrojado desde su propia camioneta tras el ataque. Este acto brutal no solo refleja la violencia extrema que sufren muchas mujeres, sino que también plantea serias preguntas sobre la seguridad y protección de quienes trabajan en plataformas como Uber. 

La respuesta de las autoridades ha sido objeto de críticas. Brisa García ha señalado que la Fiscalía de Feminicidios está tratando el caso con desdén, intentando cerrarlo sin una investigación adecuada. Esto es alarmante en un contexto donde se reportan aproximadamente diez asesinatos de mujeres al día en México, y donde el 95% de los casos queda impune. La falta de acción por parte del sistema judicial no solo perpetúa la violencia contra las mujeres, sino que también deja a las familias afectadas sin el cierre y la justicia que merecen.

Además del dolor por la pérdida de su madre, Brisa expresó su preocupación por la seguridad de ella y su hermana menor, quien ahora se encuentra sin protección adecuada por parte del estado. La familia enfrenta amenazas provenientes de la expareja de Karla, lo que agrava aún más su situación. La ausencia de protocolos efectivos para proteger a las víctimas y sus familias es una falla crítica del sistema judicial mexicano.