Por Redacción
Sinaloa, 19 de marzo de 2026.- La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) exigió garantías de seguridad para los trabajadores del sector tras la desaparición de 10 empleados de la empresa Vizsla Silver en el municipio de Concordia. El llamado fue realizado por Rubén del Pozo Mendoza, presidente del organismo, durante la inauguración del III Congreso Internacional Minero celebrado en esta entidad, donde subrayó que la industria no puede operar bajo amenazas de violencia.
Del Pozo Mendoza enfatizó que la falta de condiciones seguras impide el desarrollo y el bienestar de las comunidades donde opera la minería. “Quienes trabajamos en esta industria no debemos hacerlo bajo amenaza o violencia. Sin condiciones de seguridad no habrá desarrollo ni bienestar”, declaró el líder gremial ante legisladores, académicos y representantes del sector privado reunidos en el evento.
La desaparición de los 10 trabajadores ha generado alarma en el sector, dado que la actividad minera es estratégica para la transición energética y las tecnologías limpias en México, al proveer insumos críticos como cobre, litio, plata y zinc. La AIMMGM destacó la necesidad de posicionar la seguridad del sector en la agenda nacional para evitar que la inseguridad frene las inversiones y el crecimiento económico de la región.
El presidente de la asociación señaló que es inaceptable normalizar entornos de inseguridad que vulneren la integridad y la vida de los profesionales. Aunque las empresas cuentan con protocolos internos, la violencia del crimen organizado en zonas remotas de Sinaloa ha rebasado las medidas privadas, colocando en riesgo a ingenieros y operarios que laboran en áreas incomunicadas.
Ante este escenario, el gremio hizo un llamado urgente a las autoridades locales y federales para intensificar los esfuerzos de búsqueda de los trabajadores desaparecidos y garantizar que estos hechos no queden impunes. La AIMMGM reiteró que la vida de los colaboradores debe ser la prioridad máxima en cualquier proyecto de desarrollo económico, pues la seguridad es un derecho fundamental y la justicia una obligación del Estado.
La exigencia de seguridad se suma a la demanda de trabajar de manera coordinada con el gobierno para fortalecer el Estado de derecho en las regiones mineras. El sector busca que se implementen acciones concretas que permitan desempeñar la labor con dignidad y respeto a la vida, asegurando la continuidad de operaciones que son vitales para la economía nacional.
