Por Monserrat Californias
El Gobierno de Estados Unidos ha emitido una nueva lista de 26 objetivos prioritarios para extradición desde México, entre los que destacan Servando Gómez Martínez, alias ‘La Tuta’, y Abigael González Valencia, conocido como ‘El Cuini’. Ambos personajes son señalados por autoridades estadounidenses como piezas clave en redes criminales responsables de tráfico de drogas, lavado de dinero y violencia transnacional.
La lista fue confirmada por fuentes del Departamento de Justicia y representa una nueva ofensiva judicial del país vecino contra el crimen organizado mexicano.
‘La Tuta’, exlíder de Los Caballeros Templarios, fue uno de los capos más buscados en el sexenio pasado y actualmente enfrenta cargos en México por delincuencia organizada y secuestro. Sin embargo, Washington también lo requiere por introducir metanfetaminas y cocaína a territorio estadounidense.
En tanto, ‘El Cuini’, considerado uno de los operadores financieros más importantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), es acusado de manejar una red global de lavado de dinero. Ambos ya se encuentran bajo custodia en México.
La nueva lista de extraditables incluye también a presuntos operadores de grupos como el Cártel de Sinaloa, el CJNG, y organizaciones independientes involucradas en el tráfico de fentanilo, heroína y cocaína. Las órdenes de extradición forman parte de la estrategia bilateral para combatir el narcotráfico y frenar la crisis de opioides que azota a Estados Unidos.
Fuentes cercanas al caso señalaron que varias solicitudes ya han sido formalizadas a través de los canales diplomáticos correspondientes. El Departamento de Estado ha insistido en que México debe acelerar el proceso judicial para permitir que los presuntos delincuentes enfrenten a la justicia en tribunales norteamericanos.
El tema ha generado tensiones en el pasado, pero actualmente hay una mayor disposición a colaborar, según informaron autoridades mexicanas. A pesar de ello, cada caso será revisado por jueces federales en México, que deberán determinar si se cumplen los requisitos legales para autorizar las extradiciones.
Las miradas están puestas en cómo responderán las autoridades mexicanas y si este movimiento influirá en futuras detenciones o desmantelamientos de redes criminales.