Por Luis Martínez Alcántara

CIUDAD DE MÉXICO.- La reciente aprobación en la Cámara de Diputados de México para eliminar siete órganos autónomos generó un intenso debate sobre las implicaciones de esta decisión. Con 347 votos a favor, la propuesta busca consolidar el control del Congreso sobre estas entidades, que incluyen instituciones clave como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Transparencia. 

La medida, que ahora pasa a la Cámara de Senadores, plantea serias preocupaciones. La eliminación de estos órganos autónomos podría tener un impacto significativo en la gobernanza del país. Estos organismos fueron creados para operar sin interferencias políticas, garantizando así su autonomía y capacidad para supervisar al gobierno. 

La desaparición de estas entidades podría resultar en una mayor concentración de poder en el Ejecutivo y en el Legislativo, lo que pone en riesgo la rendición de cuentas y la protección de los derechos ciudadanos.

El proceso legislativo ahora se traslada al Senado, donde se discutirá la propuesta aprobada por la Cámara de Diputados. Si el Senado también aprueba la medida, se formalizará la eliminación de estos órganos. Sin embargo, este paso no está exento de controversia; se espera que varios senadores se opongan a la medida, argumentando que socava la democracia y el sistema de pesos y contrapesos que caracteriza al Estado mexicano.

Los críticos advierten que esta acción representa una “estocada final” a la autonomía institucional en México. Al eliminar estos órganos, se corre el riesgo de debilitar las estructuras que han sido fundamentales para garantizar los derechos humanos y la transparencia gubernamental. La falta de supervisión independiente podría facilitar abusos de poder y corrupción dentro del gobierno.

La atención pública está centrada en cómo los senadores abordarán este tema tan delicado, pues sus decisiones influirán en el rumbo político del país.