Ciudad De México, 09 de junio de 2026.- El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) anunció este lunes que ha presentado demandas ante varios tribunales federales para revocar la ciudadanía estadounidense a 17 personas naturalizadas acusadas de cometer fraude durante sus procesos migratorios y de haber incurrido en delitos graves.

Entre los afectados figura Andrea Johana Marroquín Rubiano, de 44 años, hija de un conocido capo de la droga colombiano asesinado entre 1998 y 1999. La justicia estadounidense alega que Marroquín obtuvo su residencia permanente ocultando un matrimonio bígamo con un ciudadano estadounidense y consiguió la ciudadanía por naturalización en 2009 tras esconder sus antecedentes delictivos.

Según los cargos, entre 2003 y 2011 la acusada participó en una conspiración para cometer fraude electrónico y bancario, así como lavado de dinero, utilizando fondos procedentes del narcotráfico de su difunto padre, que ascendían a decenas de millones de dólares, para financiar transacciones inmobiliarias fraudulentas en Miami, Florida. El DOJ ha presentado cuatro demandas específicas contra ella para revocar su nacionalidad.

Además de Marroquín, el gobierno del presidente Donald Trump ha acusado a otros 16 naturalizados originarios de países como Cuba, Haití, México, India, Somalia, Filipinas, Jamaica y China. Las acusaciones contra este grupo incluyen delitos como abuso sexual a un menor, fraude bancario y narcotráfico.

Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, declaró que “la ciudadanía estadounidense es un privilegio y debe ganarse honestamente”. “Si vienes aquí, infringes nuestras leyes y mientes en tus procedimientos migratorios, pierdes ese privilegio”, añadió el funcionario, quien también mencionó la necesidad de evitar que “los estadounidenses sean perjudicados por criminales”.

Por su parte, el fiscal general interino, Todd Blanche, señaló: “Cuando extranjeros con antecedentes penales se aprovechan del proceso de naturalización infringiendo la ley, hay consecuencias”. Esta ofensiva legal forma parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsado por la Administración de Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

Las autoridades indicaron que, en caso de que prosperen estos procedimientos, las 17 personas afectadas regresarían a su estatus migratorio previo y perderían todos los derechos asociados a la ciudadanía estadounidense, incluida la protección frente a la deportación.