Por Redacción

Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- Una crisis diplomática entre Colombia y Ecuador escaló tras acusaciones cruzadas sobre bombardeos en la zona fronteriza común, una disputa que amenaza con derivar en un conflicto mayor. El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó que aviones procedentes de Ecuador atacaron territorio colombiano, dejando 27 cuerpos calcinados, mientras su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, negó la incursión y aseguró que sus fuerzas actúan únicamente contra estructuras narcoterroristas en suelo ecuatoriano.

La tensión se manifiesta en declaraciones públicas de ambos mandatarios, evidenciando una ruptura en los canales de diálogo formal. Petro, a través de sus redes sociales y en Consejo de Ministros, señaló: “Están bombardeándonos desde Ecuador… no queremos ir a una guerra”. Añadió que los ataques “no parecen ser ni de los grupos armados […] ni de la fuerza pública de Colombia. Yo no he dado esa orden”.

Por su parte, el presidente Noboa rechazó de plano las acusaciones. En declaraciones a la revista Semana, reproducidas por otros medios, sostuvo: “Falso. Estamos atacando estructuras narcoterroristas en territorio ecuatoriano, que el Gobierno de Petro deja pasearse por la zona”. Noboa acusó a la administración colombiana de “permisividad” en el control fronterizo y de haber dado cobijo a familiares del narcotraficante ecuatoriano José Macías Villamar, alias ‘Fito’.

Este enfrentamiento verbal es la punta del iceberg de una disputa bilateral que se arrastra desde enero, cuando Ecuador impuso aranceles de hasta 50% a productos colombianos, argumentando la falta de control del narcotráfico y la infiltración de grupos criminales desde Colombia. Bogotá aplicó posteriormente medidas recíprocas, iniciando una “guerra comercial” en medio de un clima ya enrarecido.

La frontera compartida, de más de 600 kilómetros, es una zona compleja y de alta vulnerabilidad, con presencia histórica de disidencias de las FARC, carteles del narcotráfico, minería ilegal y contrabando, operando como un corredor estratégico para el crimen organizado transnacional. La falta de una verificación independiente, por parte de organismos internacionales o prensa local, sobre la ubicación exacta de los supuestos bombardeos y la identidad de las víctimas reportadas por Petro, dificulta esclarecer los hechos concretos.

El tono elevado de las acusaciones, que incluyen señalamientos directos de responsabilidad estatal en posibles ataques transfronterizos, marca un punto crítico en las relaciones entre los dos países andinos. La crisis pone de relieve los desafíos de seguridad regional y la dificultad de coordinar operaciones contra el crimen organizado en áreas de soberanía compartida y alta conflictividad.