Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La crisis de desapariciones en México muestra múltiples facetas esta semana, desde el hallazgo de restos humanos reportados por madres buscadoras en Sonora y Jalisco, hasta el allanamiento de organizaciones de derechos humanos en Chiapas y la retención de trabajadores en San Luis Potosí. Mientras colectivos denuncian omisiones institucionales y falta de resguardo en sitios forenses, el Gabinete de Seguridad federal afirmó que no hay delito en los reportes de personas no localizadas en Quintana Roo, generando contradicción con la percepción de crisis en el país.

En Hermosillo, Sonora, Ceci Flores, madre buscadora, aseguró haber encontrado los restos de su hijo en la carretera 26, kilómetro 46. Aunque la familia mantiene la búsqueda, se desconoce aún la confirmación oficial mediante pruebas de ADN sobre la identidad completa de los restos hallados. Simultáneamente, en Tequila, Jalisco, Ivonne Gutiérrez, coordinadora del colectivo Buscando Corazones Jalisco, denunció el descubrimiento de restos óseos calcinados, posibles indicios de disolución con ácido y objetos personales en el cerro del Totole. La activista señaló que las autoridades no mantienen resguardado el sitio, lo que sugiere una posible negligencia institucional ante evidencias de crematorios clandestinos.

La violencia contra defensores y periodistas se agudizó con el reporte del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, que denunció un segundo allanamiento y robo en sus instalaciones en Tapachula, Chiapas, ocurrido el 22 de marzo. La organización calificó la situación como un “riesgo inminente” y criticó la inacción de las autoridades para prevenir estos ataques. Este clima de hostigamiento se suma a las intimidaciones reportadas contra el periodista Rolando Sánchez Quintero, cuyos autores permanecen sin identificación.

En materia de desapariciones recientes con desenlace variado, siete electricistas que habían sido interceptados por un grupo criminal en Matehuala, San Luis Potosí, fueron localizados con vida. Un electricista anónimo declaró a medios que fueron retenidos más de dos días con el fin de reclutarlos forzosamente. Para su búsqueda, se desplegaron 600 agentes en la región. Por otro lado, en Torreón, Coahuila, Cristian Castro Cigala, representante legal del colectivo de Familias por Policías Municipales Desaparecidos, informó que mantienen pláticas con el Ayuntamiento sobre el acceso a pensiones para las familias; sin embargo, el municipio argumenta que “no hay una forma jurídicamente posible” para integrarlos al fondo de pensiones.

Las cifras oficiales y las declaraciones gubernamentales presentan contrastes significativos. El Gabinete de Seguridad afirmó que todas las personas reportadas como no localizadas en Quintana Roo entre el 6 y el 13 de marzo “se encuentran en sus hogares, sin que exista evidencia de la comisión de algún delito”, contradiciendo reportes periodísticos y la percepción de crisis. En Yucatán, se registran 297 personas desaparecidas hasta finales de 2025, incluyendo el caso de Matías Eliam Padilla Ávila, sustraído por su padre, cuyo paradero actual sigue sin esclarecerse. Asimismo, persiste la incertidumbre sobre la causa de muerte de Natalie A. G. y su hija Ariana, halladas sin huellas de violencia aparente en Azcapotzalco, y sobre los avances en la investigación de la desaparición de Pablo Jared Vallejo Adame.

Ante este panorama, 24 representantes de colectivos y 15 buscadores independientes se reunieron recientemente en Jalisco para coordinar estrategias, mientras que en Quintana Roo las autoridades reportaron haber atendido 20 solicitudes de Alerta Amber. La situación refleja un escenario donde la búsqueda independiente sigue siendo crucial ante la lentitud o negación de respuestas institucionales, manteniendo a las familias en un estado de incertidumbre y vulnerabilidad constante.