Por Redacción
La Habana, 19 de marzo de 2026.- El gobierno de Costa Rica anunció este jueves el cierre de su embajada en Cuba, decisión que obliga al personal diplomático costarricense a retirar sus funciones del territorio cubano antes de que concluya el mes de marzo de 2026. La medida, justificada por una profunda preocupación por el deterioro sostenido de la situación de derechos humanos y el incremento de actos de represión, marca un punto de inflexión en las relaciones bilaterales establecidas desde 2009, aunque no implica una ruptura formal de vínculos, manteniéndose la atención consular para aproximadamente 10,000 cubanos residentes en Costa Rica.
El canciller Arnoldo André confirmó la decisión oficial citando principios éticos y la imposibilidad de continuar operando bajo el actual contexto de violaciones sistemáticas. Por su parte, el presidente Rodrigo Chaves reforzó la postura de San José durante un acto en la frontera con Nicaragua, donde declaró que es necesario limpiar al hemisferio de comunistas y afirmó que su administración no otorgará legitimidad a un régimen que, según sus palabras, oprime y tortura a casi 10 millones de habitantes. La declaración del mandatario se produjo con la presencia de la embajadora estadounidense, lo que añade un componente geopolítico al anuncio.
En respuesta inmediata, el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de Cuba calificó la decisión como unilateral, arbitraria y carente de argumentos válidos. La isla caribeña atribuyó el cierre a la presión ejercida por Estados Unidos y denunció una subordinación de Costa Rica a la política hostil de Washington contra La Habana. Las autoridades cubanas rechazaron la narrativa de crisis humanitaria presentada por San José, insistiendo en que la medida carece de justificación real más allá de alineamientos externos.
Esta tensión diplomática ocurre en un momento de aumento de la presión internacional sobre el gobierno de Miguel Díaz-Canel, incluyendo declaraciones recientes del presidente Donald Trump que han endurecido el tono hacia el régimen castrista. A diferencia de una ruptura total de relaciones, el cierre de la embajada reduce la interacción al ámbito estrictamente consular, lo que permitirá seguir gestionando asuntos de los migrantes cubanos en Costa Rica, pero elimina la representación política de alto nivel en La Habana.
La controversia destaca la divergencia fundamental entre ambas naciones: mientras Costa Rica presenta la medida como una acción basada en la defensa de principios democráticos y derechos humanos, Cuba la interpreta como un acto de agresión política orquestado desde el norte. Se espera que en los próximos días se concrete el retiro físico del personal diplomático costarricense, dejando la misión cerrada hasta nuevo aviso y consolidando un escenario de distanciamiento político en el Caribe.















