Por Abel López Jiménez

El Concejo de Representantes de Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México y Área Metropolitana, avaló un acuerdo con seis propuestas para que los equipos de trabajo de los candidatos a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada y Santiago Taboada, lo integren a su proyecto de gobierno para conformar una ciudad pluricultural.

El máximo órgano de representatividad de las comunidades indígenas residentes en la capital del país y zona metropolitana del Estado de México, integrado por más de 50 organizaciones, informó en conferencia de prensa que ese acuerdo fue resultado del Foro “Ciudad Humanista y Pluricultural, Nunca más un México sin nosotros”, efectuado en días pasados.

Este esfuerzo, señalaron, tiene como objetivo fundamental que los grupos indígenas ya no sean vistos como objetos de estudio sino como verdaderos sujetos de derecho, tal y como lo establece la Constitución Política de la Ciudad de México.

Informaron que el documento completo derivado de este foro sería entregado a las y los candidatos de las distintas fuerzas políticas para que quien resulte ganador lo integre a su proyecto de gobierno y puedan construir realmente un programa de gobierno que incluya la visión de los pueblos indígenas.

Los seis planteamientos de la propuesta son: Primero, Derecho a la vivienda y bienestar: Es la exigencia para que las autoridades capitalinas realmente garanticen el Derecho Constitucional a la Vivienda Indígena, reconocido en el artículo 2º, así como del artículo 42 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México.

Así como para que el Gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), facilite al Gobierno de la Ciudad de México, algunos predios en extinción de dominio para la construcción de vivienda para las comunidades indígenas, además de destinar el recurso necesario para llevar a cabo ese fin.

Segundo, Derechos económicos y al trabajo: Plantean formalizar y crear oportunidades de empleo para personas indígenas con discapacidad, en los que cuenten con todos los derechos laborales ganados hasta el momento, así como la incorporación a la formalidad de sectores y de actividades donde la población indígena tiene un gran porcentaje de personas activas.

Tercero, Derechos culturales, educativos y al deporte: Proponen que se comience a dignificar el trabajo de quienes se dedican a la creación de arte popular indígena, mal llamado artesanía, así como a incentivar el pago digno para artistas de las comunidades indígenas; además, solicitar a la autoridad educativa federal incorpore programas culturales adecuados para la población indígena, con base en la preservación de sus lenguas, usos y costumbres.

Cuarto, Derechos de las mujeres, infancias y juventudes indígenas: Sugieren que el gobierno capitalino retome y replantee los programas existentes de 2019, como es el caso de la Red de Apoyo Mutuo entre Mujeres Indígenas, con la finalidad de atender la violencia que viven muchas mujeres indígenas y que sea a través de esta Red que se garantice un acompañamiento integral a esos casos.

Además, solicitan construir la Casa de Atención para la Niñez, Juventudes y Mujeres Indígenas, partiendo de una visión intercultural y con enfoque de género, respetando la pluralidad que existe entre los pueblos y comunidades indígenas.

Quinto, Derecho a la impartición y procuración de justicia, derechos lingüísticos y a la libre expresión de las ideas: Piden la creación de Fiscalías Especializadas en materia indígena en cada una de las 16 Alcaldías, con el fin de dar acompañamiento en todo el proceso de impartición de justicia a las personas de los pueblos y comunidades indígenas.

También solicitan la formulación de un Plan de Justicia para los Pueblos y Comunidades Indígenas Residentes y Afromexicanas de la Ciudad de México, con la finalidad de retomar diversas demandas históricas de la población indígena en la capital del país.

Y sexto, Derechos políticos, electorales y de participación social: Urgen que se garantice una representación política indígena legítima, que se deje la simulación de personas que no pertenecen a los pueblos y comunidades indígenas y que ocupan espacios que se han ganado a través de una lucha colectiva, “que sirva de manera real a la población indígena”, establecieron en el documento de referencia.