Ciudad De México, 09 de abril de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general el llamado Plan B de la Reforma Electoral propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum. La iniciativa se aprobó en lo general con 377 votos a favor y 102 en contra.

La iniciativa contó con el respaldo de la alianza Morena-PVEM-PT y del opositor Movimiento Ciudadano (MC). El PAN y el PRI votaron en contra. La reforma quedó aprobada sin cambios a la minuta que mandó el Senado de la República.

La reforma no contempla modificaciones a los periodos en los que se puede realizar una consulta de revocación de mandato, como lo había propuesto el Ejecutivo federal. El diputado de Morena, Víctor Hugo Lobo Román, fundamentó el proyecto asegurando que la reforma promueve la austeridad y garantiza la progresividad de los derechos político-electorales.

Al inicio de la sesión, la diputada Carmen Rocío González, del PAN, así como los diputados César Domínguez y Erubiel Alonso, ambos del PRI, interpusieron mociones suspensivas, las cuales fueron rechazadas. El diputado Reginaldo Sandoval anunció que el Partido del Trabajo (PT) respaldará la minuta del llamado Plan B de reforma electoral.

La reforma establece que el Ayuntamiento estará integrado, además de por un presidente o presidenta municipal, por una sindicatura y hasta quince regidurías, de conformidad con los principios de paridad de género vertical y horizontal, perspectiva de género e igualdad sustantiva. La reforma precisa que las constituciones estatales deberán establecer que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del cero punto setenta por ciento del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.

La reforma indica que las remuneraciones de las personas consejeras electorales, magistradas y magistrados electorales, titulares de las secretarías de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del INE, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas, no excederán el límite establecido en el artículo 127 de la Constitución.

En los artículos transitorios se señala que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, armonizarán su marco jurídico para adecuarlo al contenido del presente decreto a más tardar el 30 de mayo de 2026. Se estipula que, a partir del ejercicio fiscal inmediato siguiente a la entrada en vigor del decreto, el presupuesto anual autorizado para el Senado de la República deberá ajustarse de manera progresiva durante los cuatro ejercicios fiscales subsecuentes.