Por Redacción:

Ciudad de México, lunes 25 de agosto de 2025. Tras la audiencia en Brooklyn en la que Ismael “El Mayo” Zambada se declaró culpable de liderar una empresa criminal continua (CCE) y de conspiración RICO, la fiscal general de EE. UU., Pamela (Pam) Bondi, ofreció una conferencia de prensa con varios anuncios y definiciones que endurecen el marco del caso: “pasará el resto de su vida en una prisión estadounidense” y, como parte del acuerdo, se pedirá una orden de decomiso por 15,000 millones de dólares a dictarse en la sentencia. La rueda de prensa fue acompañada por boletines oficiales del Departamento de Justicia (DOJ) y de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York (EDNY), mientras Reuters y AP detallaron lo ocurrido dentro de la sala.

En su mensaje, Bondi situó el caso como un “hito” de la estrategia federal contra los cárteles y afirmó que Zambada “pagará por sus crímenes pasando el resto de su vida tras las rejas”. La titular del DOJ encuadró a los cárteles como “organizaciones terroristas extranjeras” dentro de la iniciativa Operation Take Back America, con la que —dijo— el gobierno busca “eliminar totalmente” a estas estructuras. El boletín de la OPA consigna sus citas y la coordinación con FBI, DEA y HSI.

Qué quedó confirmado tras la conferencia:

1. Pena y calendario. El cargo de CCE conlleva cadena perpetua obligatoria; la sentencia quedó fijada para el 13 de enero de 2026 en Brooklyn. No se buscará la pena de muerte.
2. Decomiso. El acuerdo contempla un fallo de decomiso por 15,000 MMD contra Zambada a la hora de sentenciar.
3. Alcance multijurisdiccional. EDNY consolidó para plea y sentencia una acusación del Distrito Oeste de Texas; las demás acusaciones en D.D.C., N.D. Illinois y California se desestimarán al momento de la sentencia.
4. Coordinación y mensaje de agencias. DEA, FBI y HSI destacaron que el caso prueba que “ningún jefe de cártel está fuera del alcance de la justicia” y que la persecución sigue en curso contra las redes del Cártel de Sinaloa.

Dentro de la sala, Zambada (75 años) admitió haber ordenado homicidios, sobornado a autoridades en México y traído a EE. UU. más de 1.5 millones de kilos de cocaína durante décadas. Expresó remordimiento y se disculpó por el daño causado. Reuters añade que su defensa dejó claro que no está cooperando con el gobierno estadounidense.

Para la narrativa del DOJ, la declaración de culpabilidad es el segundo cierre contra los cofundadores de Sinaloa —tras la condena de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2019— y se apoya en una cronología que abarca desde el tráfico de cocaína en los 80–90 hasta la producción de fentanilo en México con precursores comprados a firmas chinas, según el comunicado de EDNY. Ese mismo documento explica que la cadena logística del cártel —tierra, aire y mar— fue el soporte del lavado de miles de millones de dólares.

Por qué importa para México. El DOJ subraya pagos de sobornos a funcionarios mexicanos que protegían envíos y alertaban de operativos; esa mención —contenida en el texto oficial— perfila rutas de cooperación judicial en materia de corrupción y decomisos. Además, al consolidar causas y avanzar a sentencia, Washington refuerza el mensaje disuasivo a potenciales sucesores dentro de Sinaloa y sus facciones.

Lo que viene. Con el fallo de decomiso en trámite y la sentencia programada, quedará por ver cómo el DOJ ejecuta las recuperaciones de activos, qué acusaciones se desestiman exactamente en otras jurisdicciones y qué piezas del Cártel quedan como objetivo tras la caída de su cofundador. Los boletines oficiales y las agencias anticipan que la ofensiva seguirá con enfoque en fentanilo, lavado y tramas de corrupción.