Tenancingo, 18 de junio de 2026.- La Fiscalía del Estado de México acusa a la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, de simular su propio secuestro con el fin de encubrir un desfalco de 40 millones de pesos del erario municipal. La dependencia ha solicitado una audiencia para imputar formalmente a la edil.

Según la investigación fiscal, el supuesto secuestro ocurrió el 31 de mayo de 2026 en el aparcamiento del domicilio de la alcaldesa en Tenancingo. No obstante, la Fiscalía asegura que no observó actos de violencia contra la funcionaria en el análisis de las imágenes y que fue ella quien indicó la ruta a los secuestradores para evitar cámaras.

Como parte de las acciones penales, la Fiscalía ha detenido a tres personas en Oaxaca vinculadas al caso: Karla Valeria, Víctor Manuel y Christian. Asimismo, se han pedido órdenes de arresto contra el esposo de la alcaldesa, José Roberto, y su cuñado, Oscar. Según la autoridad, el cuñado contactó a Christian para participar en el plan a cambio de 500,000 pesos, y este último involucró a los otros dos detenidos.

Uno de los participantes declaró que el objetivo era justificar un presunto desfalco de recursos públicos por 40 millones de pesos. La Fiscalía identificó que el coche utilizado por los supuestos secuestradores era usado habitualmente por Karla Valeria y que el teléfono empleado durante el hecho fue localizado primero en una colonia céntrica de la Ciudad de México y luego en Oaxaca. Ya se iniciaron acciones penales contra los tres detenidos por el delito de ‘simulación de secuestro’.

Nancy Nápoles Pacheco, quien denunció el secuestro ante la Fiscalía Especializada al Combate al Secuestro el 1 de junio de 2026, rechaza los señalamientos de autosecuestro y desfalco. “El municipio está financieramente sano”, afirmó la alcaldesa, quien niega haber sustraído los fondos. Además, acusa a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) de manipular pruebas y narrativas.

La edil sostiene que los señalamientos tienen un propósito político para desacreditarla como servidora pública y afirma que la Fiscalía encontró un “testigo con criterio de oportunidad que a cambio de una reducción de sentencia dirá lo que otros quieren que diga”. Nápoles asegura que sí fue privada de la libertad el 31 de mayo de 2026.

En un comunicado, la alcaldesa exigió que “las autoridades competentes procedan en su investigación hasta sus últimas consecuencias para dar con los autores y coautores de este delito en contra de mi persona, sin pretender crear chivos expiatorios ni crear falsos culpables”. Reiteró su disposición de colaborar para el esclarecimiento de los hechos.