Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Un juez federal absolvió a Javier ‘N’, único detenido por el asesinato del activista Samir Flores Soberanes ocurrido en febrero de 2019, luego de que la Fiscalía de Morelos no lograra presentar pruebas suficientes para acreditar su culpabilidad. El fallo judicial se conoce en medio de otros procesos penales en el país, incluyendo el procesamiento de cinco personas por tráfico de personas en Chihuahua y la vinculación a proceso de siete individuos por portación de armas en Puerto Vallarta.
El caso de Samir Flores, defensor de la tierra y opositor al Proyecto Integral Morelos (PIM), había mantenido en vilo a organizaciones sociales durante más de cuatro años. Según reportes de medios nacionales, la investigación ministerial presentó deficiencias que imposibilitaron demostrar la participación del acusado en el crimen, a pesar de que existían otros dos presuntos autores materiales identificados.
En paralelo, autoridades judiciales en Chihuahua impusieron prisión preventiva oficiosa a cinco individuos -José Isaac N, José Ramón N, José N, Luis N y Gonzalo N- por su presunta participación en delincuencia organizada con fines de tráfico de personas. El proceso se desarrolla en Ciudad Juárez, donde las autoridades continúan las investigaciones.
En la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron a cuatro ciudadanos colombianos de 52, 48, 43 y 24 años en la alcaldía Benito Juárez, tras recuperar 739 piezas de joyería robadas valuadas en aproximadamente 400,000 pesos. Uno de los detenidos contaba con antecedentes penales.
Mientras tanto, en Puerto Vallarta, Jalisco, un juez vinculó a proceso a siete personas -Edwin N, Francisco N, Elvira N, Karina N, Luis N, Ivette N y Betzy N- por el delito de portación de armas de fuego. Las autoridades locales aseguraron el arsenal durante operativos de vigilancia.
La absolución en el caso Flores evidencia los persistentes desafíos en la procuración de justicia para defensores ambientales en México, donde según organizaciones civiles, la impunidad supera el 90% en crímenes contra activistas. El fallo podría reactivar las protestas de comunidades que se oponen a megaproyectos como el PIM, mismo que Flores combatía antes de su asesinato.
